Suman 14.7 millones de jóvenes de entre 14 y 19 años que laboran en el país; de éstos, 26 por ciento recibe un salario mínimo o menos como remuneración, y 24 por ciento no tienen sueldo, son propineros, laboran a destajo, eventualmente, o en un negocio familiar. Es decir, casi 50 por ciento del total de ellos vive con cinco dólares o menos al día. Sin embargo, cuatro de cada 10 labora más de 48 horas a la semana y apenas 13 por ciento del total tiene seguridad social.

Así lo señala la investigación titulada La precarización del empleo como ejercicio de violencia hacia los jóvenes, del Observatorio del Empleo de la Universidad Iberoamericana de Puebla, realizada por los investigadores Ana Paola Aldrete González y Luis Ignacio Román Morales.

El documento indica que durante 2013 la mayoría de los jóvenes padeció dificultades para insertarse en el mercado laboral, bajos salarios, ausencia de prestaciones y de garantías sociales, desempleo, exclusión y violencia, todos elementos importantes que forman parte de los mecanismos que favorecen la producción y reproducción de la pobreza entre los jóvenes, dejando a éstos pocas armas para enfrentar la realidad social.

Añade que hay un ejercicio de violencia colectiva, expresada socialmente contra los jóvenes, en particular en lo que se refiere a su inserción laboral, ya que este sector padece exclusión, las mayores tasas de desempleo y abaratamiento de la fuerza de trabajo. Además, no hay políticas públicas suficientes para ellos y el Estado lleva a cabo procesos de criminalización de las expresiones juveniles.

El análisis hace ver que los sectores juveniles están excluidos de la toma de decisiones del país, lo que es preocupante porque se ven imposibilidades para participar en éstas, lo cual los deja con malestar y las repercusiones de las decisiones que otros toman.

En lo que se refiere al tema laboral indica que en el momento demográfico y económico que se encuentra México no es extraño que se desplace a trabajadores cerca de la edad de jubilación (antes de los 60 años), para ser sustituidos por otros de menor edad y con mayor fuerza física, con la posibilidad de que acepte ingresos y condiciones de trabajo más precarias. Pone como ejemplo a un profesional docente de 40 años que recibe 15 mil pesos mensuales, quien puede ser despedido y sustituido por un recién egresado al que se le paguen 7 mil pesos, y cuestiona si esto no es un acto de violencia laboral.

Tal pareciera, afirma el estudio, que más allá del grupo de los 18 a los 24 años puede haber población de edades mucho menores y mayores que están siendo igualmente violentados, sea por el hecho de tener que laborar aún siendo niños –negándoles con ello las oportunidades de estudio y desarrollo–, o bien en el caso de los mayores de 24 años por el hecho de ser desplazados.

Refiere el caso de los menores de cinco a 18 años de edad que laboran, los cuales se concentran en actividades agropecuarias, servicios y comercio, y señala que la mayoría de los padres de estos niños son trabajadores que se encuentran en condiciones de precariedad, pobreza e indefensión, e incluso son hijos de migrantes. Estas condiciones explican por qué muchos menores se involucran en la delincuencia como forma de vida.

La tesis central de este análisis destaca que los menores que trabajan son objeto de una violencia laboral, cuyo responsable no puede ser representado por una figura única de carne y hueso, sino en una condición estructural, caracterizada por la política económica del país que ha llevado a la concentración del ingreso en unas pocas manos, pero también excluyendo del poder a las mayorías.