on la promesa de reducir las tarifas –las mismas que recién aumentaron– en beneficio de los mexicanos, el gobierno peñanietista y sectores afines decidieron reclasificar el sector eléctrico nacional, el cual, a raíz de la reforma energética, ya no es considerado constitucionalmente estratégico, sino prioritario a secas. Con esa pequeña modificación sus promotores ofrecen mínima participación estatal y una catarata de inversiones foráneas que ampliarían, según dicen, la disponibilidad de energía eléctrica a costos razonables.

Pues bien, lo primero que aporta la experiencia latinoamericana en esta actividad, documentada por la Cepal, es que la inversión extranjera directa no siempre equivale a la expansión de la capacidad; por el contrario, en muchos casos significó solo un cambio de propiedad de los activos, es decir, pasó del Estado a los particulares, sin que se cumpliera la idílica oferta de reducir tarifas y mucho menos la relativa a descomunales inversiones que incrementarían sustancialmente la oferta de energía eléctrica. El caso más reciente, que no el único, lo aporta la capital argentina, que lleva semanas registrando severos apagones producto de la insuficiencia de capacidad generadora, que no es otra cosa que la ausencia de inversiones de los dueños del negocio (léase las empresas privadas), quienes compraron barato, cobran muy caro y no ampliaron la capacidad instalada, ante la complacencia de los reguladores gubernamentales.

La Cepal (Inversión extranjera directa en energía eléctrica en América Latina y el Caribe) detalla que el sector eléctrico se caracteriza por ser muy intensivo en capital, tener características de monopolio natural (especialmente en la transmisión y distribución) y estar poco internacionalizado. Es un sector estratégico, con gran peso en la economía y cuyo correcto funcionamiento es clave para todos los demás sectores y el bienestar de la población. Por todas esas razones, en todos los países el sector está altamente regulado y en muchos de ellos está controlado directamente por el Estado.

El organismo especializado señala que en prácticamente todo el mundo, con la notable excepción de Estados Unidos, el sector eléctrico ha estado dominado por empresas estatales que, en muchas ocasiones, operaban en régimen de monopolio. Esta situación fue cambiando paulatinamente, sobre todo desde la década de 1990, cuando muchos países privatizaron total o parcialmente sus empresas eléctricas a la vez que liberalizaban el sector con medidas que introducían mayor competencia entre los agentes. No obstante, aun en los casos en que la privatización ha sido total, los gobiernos no dejan nunca de interesarse por las estrategias corporativas de las grandes empresas eléctricas, sobre todo en lo que se refiere a las posibles fusiones y adquisiciones que diluyan el supuesto carácter nacional de la empresa. Por ejemplo, los gobiernos nacionales de la Unión Europea se han reservado a menudo una acción de oro en las empresas eléctricas, equivalente a la capacidad de veto sobre decisiones corporativas claves.

Las reformas en América Latina se orientaron a introducir principios de competencia en el sector eléctrico, aunque a estas alturas el dominio lo tienen las trasnacionales españolas del ramo. Mientras que la privatización fue completa en Chile, en otros países se quedó a la mitad (Brasil y Colombia), otros se abrieron al capital privado con un modelo de comprador único (Costa Rica y México) y algunos, como Uruguay, mantuvieron el monopolio integrado verticalmente. El primer proceso privatizador en la región fue el de Chile, lanzado a principios de los años 80. Surgió una empresa privada de capital chileno, pero ahora la controladora es la española Endesa, algo que se generalizó en América Latina: originalmente fueron compañías nacionales las que quedaron con la electricidad, para después traspasarla a trasnacionales.

Resultado del proceso privatizador, el sector eléctrico en América Latina quedó dividido entre empresas estatales y empresas privadas. Estas últimas son, en su mayoría, trasnacionales. Con la excepción de Chile, todos los países tienen empresas de titularidad estatal en algún segmento del sector de la electricidad, en muchos casos conviviendo con compañías privadas. De todos modos, existen en la región países pequeños con buen número de empresas eléctricas privadas, como en El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá.

Al contrario de lo que ocurre en los países de América del Sur, detalla la Cepal, en México existe un exceso de capacidad de generación eléctrica, motivado principalmente por una estimación demasiado optimista del crecimiento de la demanda en los primeros años del siglo (en el sexenio de Fox), que generó una elevada entrada de capital privado para ese segmento. México se abrió a la inversión privada en generación (manteniendo a la CFE como comprador único) en 1992 mediante varias modalidades. La más importante es el contrato de productores de energía independientes, mediante el cual la CFE subastaba la construcción y operación de una planta generadora a la empresa que ofertara el menor precio para la electricidad. Todas las plantas así construidas han sido centrales térmicas de ciclo combinado, en las que el riesgo de alza del precio del gas permanece en la CFE, ya que el generador privado puede pasar esa alza al precio de la electricidad que vende.

Lo anterior, sumado a que la CFE firma acuerdos de adquisición de energía por 20 años, hace que estas inversiones sean especialmente seguras y fáciles de financiar para los inversores privados y que, por consiguiente, las subastas despierten gran interés. Con esta modalidad se logró atraer 15 mil millones de dólares de inversión, aunque la mayoría fue por contratos anunciados entre 1999 y 2004 para centrales que han entrado en funcionamiento entre los años 2005 y 2010. A ello se suman cerca de 11 mil millones en la modalidad de autoabastecimiento, de tal suerte que la participación del sector privado se incrementó paulatinamente hasta llegar a cerca de la mitad de toda la electricidad producida en México. Y con la reforma se embolsará el 50 por ciento restante.

Las rebanadas del pastel

En 1992, Carlos Salinas impulsó una profunda reforma en el campo mexicano que puso fin al reparto agrario y anunciaba su capitalización. El resultado fue desastroso, pero ahora Enrique Peña Nieto anuncia otra profunda reforma en términos similares y con el mismo fin. De que son creativos, lo son. Ni duda cabe.

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