El sector privado consideró que la iniciativa de la administración capitalina de restringir las manifestaciones en vialidades primarias es un avance para entrarle a la regulación de las marchas.

La propuesta, señalaron los presidentes de las cámaras de Comercio (Canaco) y de Comercio en Pequeño (Canacope), Ricardo Navarro y Gerardo López, respectivamente, está contenida en el documento que entregaron el año pasado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

La discusión del asunto es urgente para evitar mayores daños al sector productivo, como sucede en el Zócalo y en el Monumento a la Revolución, donde las pérdidas suman mil 985 millones de pesos, dijeron.

El cierre de vialidades ha crecido como cáncer social, cuando el derecho a la libre manifestación pública no puede permanecer como un cheque en blanco para la impunidad, sin una ley que obligue tanto a las autoridades como a los manifestantes a responsabilizarse de los daños causados, afirmaron.

Hoy, consideraron, la ALDF no puede seguir negándose a atender una de las demandas más recurrentes que tanto las empresas como sus trabajadores hacen a sus gobernantes, para crear, mediante un marco regulatorio, las condiciones que garanticen el respeto a los derechos de libre tránsito que implica llegar al trabajo, la escuela o el hogar.