Ante ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Procuraduría General de la República (PGR) cabildeó a favor de la constitucionalidad de la reforma que le permite, sin intervención de jueces federales, localizar geográficamente en tiempo real teléfonos móviles involucrados en la investigación de delitos graves, con el argumento de que los juzgadores son muy lentos en resolver las solicitudes, lo que obstruye la acción de la policía en casos en que las víctimas están en peligro.

Fuentes judiciales comentaron lo anterior, y agregaron que en la discusión sobre la acción de inconstitucionalidad que presentó la CNDH, que se inicia hoy, en contra de artículos del Código Federal de Procedimiento Penales y de la Ley Federal de Telecomunicaciones, los ministros tendrán que valorar si debe prevalecer la persecución del delito sin el control constitucional de los jueces federales –al menos en esta clase de casos– o si deben mantenerse los pesos y contrapesos entre la procuración y la impartición de justicia como garantía mínima de respeto al debido proceso y a los derechos humanos de quienes se vean involucrados en delitos graves.

Los informantes comentaron que los representantes jurídicos del procurador Jesús Murillo Karam insistieron en que es vital que, en casos de secuestro, el Ministerio Público Federal pueda solicitar directamente a las empresas de telecomunicaciones la ubicación de teléfonos celulares utilizados para contactar a los familiares de las víctimas.

El proyecto de la ministra Margarita Luna Ramos considera que el acto de molestia que sufren los ciudadanos en su intimidad se justifica por la acción de la justicia.

Pero integrantes del pleno están en contra de esa postura, por considerar que el artículo 16 constitucional señala con claridad que cualquier acto de molestia, como la ubicación en tiempo real del aparato, debe ser autorizado por un juez competente.

Se requiere de ocho votos para invalidar una norma, por lo que se prevé un intenso debate en la sesión de este día en el pleno de la SCJN.