Chilpancingo, Gro., 9 de enero.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó que se iniciaron en el fuero federal del ámbito civil los procesos penales contra cuatro militares, presuntos responsables de haber violado sexualmente a las indígenas me’phaá Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega en febrero y marzo de 2002. Los soldados enfrentarán juicio en prisión preventiva.

En un comunicado de prensa difundido ayer a mediodía, Tlachinollan calificó el inicio de los procesos de paso decisivo en la búsqueda de justicia para las dos indígenas, a casi 12 años de que ocurrieron los abusos.

Es un triunfo emblemático para todas las mujeres que, pese a todos los obstáculos y adversidades, alzan su voz y denuncian la violencia.

Agregó que a partir del ejercicio de la acción penal realizado recientemente por la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República, órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación (PJF) dictaron en fecha reciente autos de formal prisión contra cuatro personas: dos involucradas en los delitos cometidos contra Valentina Rosendo y otras dos vinculadas en los crímenes perpetrados contra Inés Fernández.

En relación con ambos casos el Estado mexicano fue juzgado y hallado culpable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en agosto de 2010.

Los integrantes del Ejército –que enfrentarán su juicio en prisión– son el cabo de infantería Armando Pérez Abarca y el cabo jardinero Nemesio Sierra, presuntos agresores sexuales de Valentina Rosendo, cuando ésta tenía 17 años de edad.

Además, el sargento segundo Hugo Humberto García de León y el cabo de transmisiones Salvador Aguilar Otáñez, presuntos responsables de la violación a Inés Fernández, de 25 años, asignados al 41 batallón de infantería del Ejército Mexicano.

Llegaron a Guerrero en el contexto del combate al narcotráfico. Tres fungían como elementos activos del Ejército en el momento de su captura, mientras Nemesio Sierra era policía estatal de Guerrero.

Los cuatro enfrentarán cargos por violación sexual y abuso de autoridad. Además, en el caso de Inés Fernández, están acusados de allanamiento de morada y robo. Por estos delitos podrían alcanzar 60 años de prisión.

El organismo demandó al PJF impartir justicia con celeridad, eficacia e incorporando las perspectivas de género y etnicidad.

Además exigió que, debido a las amenazas en contra de las dos indígenas, se garantice su seguridad e integridad, y la de sus familiares y sus representantes. Para ello, será indispensable que la opinión pública nacional e internacional continúe atenta al desarrollo de los juicios, que apenas se inician.