éxico he entrado en una etapa de rápido vaciamiento de sus instituciones. Al pulverizarse el proyecto democrático y social que les daba cierta solidez y contenido, se deslegitiman y se regresa a los juegos de palacio. Ahora son las violaciones a la ley, las imposiciones y los intereses de élites políticas y económicas lo que prevalece. Así pasa en el Congreso, pero también en otros ámbitos, como las universidades que, por autónomas, hoy podrían ser un reservorio de experiencias radicalmente distintas de ejercicio del poder.

En julio de 2013, los nueve integrantes de la Junta Directiva de la UAM nombraron rector general al doctor Salvador Vega y León, e inmediatamente, los cuestionamientos. Porque apenas en 2011 y como rector en la UAM-Xochimilco, se descubrió que intervino indebidamente para que el consejo ignorara la abrumadora mayoría que un candidato a jefe de división (facultad) había obtenido en votación organizada por ese mismo órgano colegiado, y que, en su lugar, quedara quien prefería el rector. Triunfó la imposición y, como nunca, la comunidad se polarizó y, también por primera vez, derivó en la toma de una rectoría. En 2012, el mismo rector Vega y su secretaria de unidad, Patricia Alfaro, entre otras acciones crearon otro conflicto al destituir a dos consejeros estudiantiles críticos a su gestión. Dada la ausente conducción del rector, estos conflictos sólo pudieron encauzarse positivamente gracias al consejo de Xochimilco y al Colegio Académico de la UAM. De ahí la pregunta de muchos, por qué la junta lo elige, y por unanimidad.

Una respuesta la ofreció inmediatamente un grupo estudiantes y académicos de la UAM-Iztapalapa, quienes en los medios denunciaron la parcialidad, la actuación ilegal de “miembros de la junta [quienes] pretendieron explícitamente inducir tendenciosamente la opinión de los auscultados [miembros de la comunidad entrevistados por la junta] en contra de uno de los candidatos sugiriendo o expresando directamente la supuesta comisión de actos de corrupción o conductas impropias…” ( La Jornada, 12/08/13). Así, descalificado al rival más fuerte, se habría abierto paso al doctor Vega y León.

Las irregularidades continuaron a la hora de llenar la vacante que en Xochimilco había dejado el ahora rector general. Como le corresponde, integró y presentó la terna a la junta, pero incluyó en ella a su antigua secretaria de unidad y no al candidato más sólido de todos en preferencias, experiencia y trayectoria académica. Pero el rector no dio a conocer la argumentación fundante que exige la legislación (Reglamento Orgánico, artículo 41-1 y Exposición de motivos 2/4/2013). Ante esto, un grupo de académicos de Xochimilco (incluyendo ex rectores, profesor eméritos, ex consejeros, autoridades y ex autoridades universitarias) directamente y en la prensa llamó a la junta a hacer uso de su facultad de rechazar la terna propuesta por el rector general para así reponer el proceso ( La Jornada, 19/11/13). Ésta los ignoró y también ignoró a otro candidato importante (director de división), y por mayoría nombró rectora a la secretaria de la unidad Patricia Alfaro. Sin embargo, en la toma de posesión el presidente de la junta ofreció datos reveladores ( Boletín UAM, 390). Primero, admitió que no hubo consenso, pero argumentó que la secretaria de Unidad fue apoyada por 179 miembros de la universidad que acudieron a la auscultación [entrevista con la junta], y respaldada por mil 121 de los mil 632 firmantes [de cartas de apoyo]. Sin embargo, el reglamento de la junta nunca menciona el número de firmas o apoyos como factor decisivo. Segundo, el presidente añadió que se recibieron 111 escritos firmados por mil 632 miembros de nuestra universidad y de diversas instituciones nacionales y extranjeras, lo que violenta la reglamentación (artículo 18) que dice se considerará las opiniones de la comunidad universitaria, no de otras personas/instituciones. Tercero, se viola el artículo 19 (“la junta… tendrá especial cuidado” con “la presión… de intereses externos”) pues los apoyos externos fueron incluidos en el conteo total. Cuarto, absolutamente nada dice sobre lo realmente importante (artículo 20): en la elección de un rector se tratará fundamentalmente de establecer un juicio de idoneidad académica, que significa analizar los candidatos en 17 aspectos (http://www.uam.mx/legislacion/rjd/index.html#2/z).

Para evitar que se conviertan en parte de lo normal en la universidad, estas irregularidades hacen indispensable una revisión y, en su caso, reposición de estos dos procesos. Además, ante la inminente designación de otros rectores (Iztapalapa y Lerma), la junta debe elegirlos responsable e imparcialmente, informar sobre los criterios a utilizar y los detalles del procedimiento, como ya sentó precedente al hacerlo en Xochimilco. Y urge revisar a fondo un esquema de nombramiento discrecional, secreto, absoluto y contradictorio, que favorece acuerdos cortesanos e intereses privados y gubernamentales. Si hasta la junta utiliza y hace público el conteo de votos (apoyos), añade un ingrediente interesante para su reforma legal futura. Ni las universidades, ni el Congreso de la Unión, ni el GDF, están condenados a la deslegitimación. Pero es sobre todo la determinación de universitarios, maestros, jóvenes y adultos desesperanzados lo que podrá devolverles su finalidad social y democrática. Y así, recuperarlos para todas las/los mexicanos.

* UAM-X