La fuga de cuatro reos del penal de Atlacholoaya, Morelos –el pasado 2 de enero–, y el asesinato de uno de ellos poco después de ser recapturado, es muestra reciente del estado de ingobernabilidad en el sistema carcelario de todo el país, el cual podría aliviarse con medidas alternativas a la prisión, afirmó Sara Emilia Vera, integrante de la organización de derechos humanos Asilegal.

No es la primera vez que pasa esto en Morelos. En abril de 2013 hubo dos fugas y varios incidentes violentos, sobre todo riñas, lo que se suma a los motines recientes en los penales de las Islas Marías, San Luis Potosí y Acapulco, expresó la especialista a La Jornada.

Esos ejemplos, subrayó, dejan ver la fuerte crisis que aqueja al sistema penitenciario en su conjunto, en el cual a noviembre pasado había 248 mil 341 internos, de los cuales 42 por ciento se encuentran en prisión preventiva, es decir, en espera de sentencia final.

Recordó que hay 390 prisiones con 54 por ciento de sobrepoblación, lo cual repercute directamente en el hacinamiento, el autogobierno y las agresiones contra los reos, como lo demuestran los 2 mil 234 incidentes violentos registrados de enero a noviembre del año pasado en los centros federales de readaptación social.

Además, es sabida la existencia de redes de corrupción operadas por el crimen organizado que hacen posible actos ilícitos dentro de las cárceles, entre ellos prostitución y venta de drogas, en el marco de un régimen de favores y privilegios en el cual también participan las autoridades, como indicó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su Recomendación General 18.

Por ello Vera propuso instrumentar medidas alternativas a la cárcel, como la conciliación entre la víctima y el agresor para alcanzar soluciones amistosas que eviten el ingreso a un penal, o la creación de fianzas de interés social, para que las personas que no tengan recursos económicos suficientes puedan seguir su proceso en libertad cuando se trate de cargos no graves.

La carga de trabajo en los juzgados es impresionante, pero eso no anula el derecho de los imputados a acceder a la justicia. Mediante el estudio de cada caso se puede dar un castigo alternativo a la prisión. Tan sólo en el Distrito Federal, por ejemplo, 70 por ciento de los internos están en la cárcel por cometer delitos menores, donde el monto de lo reclamado es menor a 12 mil pesos, manifestó.