El préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a México por 450 millones de dólares para financiar al sector privado en proyectos de cogeneración eléctrica demuestra que no era necesario destrozar la Constitución con la reforma energética, porque tal como estaba la ley ya se permitía participar a las empresas, incluso con incentivos y apoyos crediticios, aseveró José Manuel Muñoz, presidente del Observatorio Ciudadano de la Energía (OCE).

Así como estamos, antes de que aprueben las leyes secundarias y comiencen a desmantelar el sector energético, se puede hacer todo en México. No hay restricción para ninguna actividad privada. Hay un sistema estatal de suministro de electricidad muy completo y complejo que a los mexicanos nos ha costado mucho tiempo desarrollar y en la realidad cada consumidor puede escoger a su proveedor, incluso a menor costo que el estatal y con incentivos fiscales. Hay todo un mercado eléctrico en este momento, explicó el especialista.

A su vez, Gilberto Ortiz, vicepresidente del sector químico de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), aseveró que no vale la pena endeudar al país y que el pueblo pague los intereses y condiciones que se imponen por un crédito internacional que es relativamente pequeño si se compara con lo costoso que resultan los proyectos de cogeneración y las necesidades de inversión, pues refirió que para el gasoducto Los Ramones se requirieron más de 3 mil millones de dólares.

Menos aún se justifica dicho endeudamiento si el préstamo del BID, solicitado por el gobierno desde el año pasado, se destina a grandes empresas de los sectores siderúrgico o cementero, apuntó Ortiz. Si son empresas grandes, tienen dinero, casi un pleonasmo, comentó a su vez Muñoz.

Gilberto Ortiz puntualizó que si el BID autoriza el crédito debe garantizarse que se destine a medianas empresas mexicanas. La Canacintra, dijo, siempre ha exigido que los recursos públicos sirvan para apoyar a las pequeñas y medianas empresas porque las grandes no necesitan del financiamiento del Estado, mucho menos las trasnacionales.

Ambos entrevistados puntualizaron que la cogeneración es buena para el país porque se requiere más energía y con tal mecanismo se reduce el uso de combustible y sube la eficiencia y aprovechamiento energético para beneficio de la industria.

El presidente del OCE calculó que con los 450 millones de dólares del BID salen tranquilamente 20 proyectos de cogeneración para que empresas de varios sectores tengan vapor y electricidad más baratas y consideró que se podría contratar a terceros.

–¿Cuáles empresas mundiales podrían participar como terceros?

–Son muchísimas. Las grandes como las que existen en México en la CFE pueden tener una rama de generación, pero no necesariamente tienen que ser compañías eléctricas, podrían ser de ingeniería y construcción especializadas en vapor y calderas. Cualquier empresa con plantas eléctricas puede operar una de cogeneración. Son diferentes escalas porque una planta para servicio público opera cientos de megavatios, de 250 en adelante, pero las de cogeneración son de 20, 30 y 50 megavatios.

Explicó que las industrias mexicanas requieren un promedio de 30 a 40 toneladas de energía térmica por hora, pero necesitan un buen financiamiento para que una planta de cogeneración sea viable y preferirán utilizar su capital para la fabricación de sus propios productos y no para generar electricidad.