Chihuahua, Chih., 12 de enero.

Casi un año después de que fue lanzada en nueve de los 67 municipios de Chihuahua, la Cruzada Nacional contra el hambre no representó mayor erogación de recursos para el estado, pues los tres niveles de gobierno sólo reasignaron fondos de programas asistenciales que ya se aplicaban en la entidad, principalmente en Ciudad Juárez.

El programa Todos somos Juárez –impulsado por la Federación con el propósito de reconstruir el tejido social ante la violencia que azotó esa localidad en el sexenio pasado– desapareció como tal y en su lugar se retiquetaron los demás programas que se venían aplicando en la entidad.

En marzo de 2010 el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa anunció una partida extraordinaria de 3 mil millones de pesos para atender el rezago en infraestructura urbana y educativa, así como para elevar el bienestar de la población, pero la inversión nunca alcanzó ese monto.

A partir de ese año se suprimieron o reasignaron partidas destinadas a becas, a subsidios a madres trabajadoras para el pago de estancias infantiles, a escuelas de tiempo completo y a becas alimentarias para estudiantes.

En febrero de 2013, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Rosario Robles Berlanga, y el gobernador de Chihuahua, el priísta César Duarte Jáquez, pusieron en marcha en la sierra Tarahumara la Cruzada Nacional contra el Hambre en nueve de los 67 municipios de la entidad, incluidos los polígonos de pobreza extrema de Chihuahua y Ciudad Juárez.

En el acto se anunció la conjunción de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno para canalizar 7 mil millones de pesos a programas de asistencia social, de los cuales 260 millones serían para atender a 160 mil personas que padecen pobreza alimentaria.

Desde entonces, los fondos para los programas asistenciales fueron redirigidos.

El delegado de la Sedesol, José Luis de la Madrid, informó en mayo pasado que la inversión de la dependencia federal en la entidad ascendió a 2 mil 200 millones de pesos, de los cuales 880 millones, equivalentes a 40 por ciento, se destinaron a Juárez, donde había alrededor de 80 mil personas en condisiones de marginación alta y extrema.

La nueva política social no consiste solamente en la entrega de alimentos, sino que incluirá programas sociales, de trabajo y apoyo integral, con la participación de los tres niveles de gobierno en educación, salud, vivienda y empleo, dirigidos a poblaciones delimitadas. No queremos entregarles los pescados, sino enseñarles a pescar, explicó el funcionario.

De la Madrid reconoció que en el estado están duplicados los padrones de beneficiarios de programas sociales, que en muchos casos los subsidios no llegan a quienes verdaderamente los necesitan y que hay quienes se benefician por partida triple.

Sin embargo, tanto en Ciudad Juárez como en otros municipios se repiten las quejas de ciudadanos porque los programas sociales no llegan a grupos vulnerables.

En Juárez, Laurencio Barraza, director operativo de la organización Consejo de Desarrollo Social, parte de la Red por la Infancia, dio a conocer que las madres trabajadoras, sobre todo las obreras de la industria maquiladora, enfrentan de nuevo falta de espacios para el cuidado de sus hijos, por el cierre de escuelas de tiempo completo y de estancias infantiles con subsidios de 700 pesos para cada usuario.