a toma federal de Michoacán, anunciada ayer por Miguel Ángel Osorio Chong (MAO) en Morelia, tiene en los expansivos grupos de autodefensa uno de los puntos más delicados. Hasta ahora, la administración peñista ha tolerado abiertamente (lo que en los hechos es una forma de promoción) el avance impetuoso de contingentes extraordinariamente bien equipados que van barriendo a los Caballeros templarios de sus zonas tradicionales de dominio (diversas crónicas periodísticas dejaron constancia, por ejemplo, del papel meramente observador, de virtual cobertura o asentimiento, que cumplieron las fuerzas militares mientras las tropas autodefensivas se hacían del control de Nueva Italia, el escalón más alto hasta ahora en la ruta trazada hacia la capital templaria, Apatzingán).

Osorio Chong ha alentado sesgadamente a esos grupos y ha dialogado con sus líderes, al grado de pretender la justificación de la insólita protección hospitalaria a Juan Manuel Mireles con el argumento expresado en una entrevista el pasado 8, cuando reconoció que el gobierno federal cuidaba al michoacano “porque son de las personas que han venido lastimando a los cárteles, particularmente a los templarios, y claro que tienen instrucciones de que se diera el cuidado, se le apoyara y es lo que ha venido sucediendo”, dijo el titular de Gobernación a Ciro Gómez Leyva en Radiofórmula.

Antes del accidente aéreo que le colocó bajo redoblada protección de fuerzas federales en el hospital Médica Sur de la capital del país, Mireles había negociado con Osorio Chong, según revelaciones de éste: se les había dicho que no podían estar actuando armados, al margen de la ley, y acordaron que se metieran a la legalidad, que si querían participar pudieran hacerlo dentro de las instituciones con capacitación y por supuesto ayudando a las fuerzas de seguridad, así que se comprometían totalmente a pasar al apoyo a las autoridades y no tratar de hacer actos al margen de la ley.

Esa negociación mostró al secretario de Gobernación en una flagrante violación de sus obligaciones básicas, una de las cuales es la de cumplir y hacer cumplir las leyes. Dificilísimo sería para el ex gobernador de Hidalgo justificar el hecho de dialogar y hacer convenios con ciudadanos que se han levantado en armas sin que hubiera una ley (como la expedida en el caso de los neozapatistas) que lo autorizara. Indispensable sería, además de disolver la percepción de que ese tratamiento excepcional proviene de una estrategia gubernamental de impulso a formas de paramilitarismo, que Osorio Chong precisara las razones que le han llevado a utilizar dos varas para tratar un fenómeno de violencia pública, entablando conversaciones y dando privilegios a una de las partes en pugna, como si Los Pinos tuviera en curso una estrategia de aprovechamiento de la legítima indignación social contra determinados cárteles (no oficiales, según una hipotética clasificación gubernamental federal) para limpiar esas zonas de bandas no autorizadas (los templarios en Michoacán, como los Zetas en otras partes del país, agrupaciones sanguinarias, desbordadas, que con sus excesos enturbian e impiden el funcionamiento fluido del negocio tradicional del narcotráfico), lo que en los hechos abriría el camino para la consolidación de otras agrupaciones casi institucionales (sobre todo el hegemónico cártel de Sinaloa y vertientes como el Nueva Generación de Jalisco).

Entre esas contradicciones operativas y conceptuales Osorio Chong se permitió ayer el lanzamiento de una pieza oratoria presuntamente categórica. Frente a un doblegado gobernador, Fausto Vallejo, habló de decisiones federales implacables para someter al orden a todos aquellos que violenten el marco legal vigente, lo cual ha de entenderse que valdría para los Caballeros sabidamente adversarios, pero también para las autodefensas hasta ahora aliadas. En una entidad inundada de armamento de alto calibre (las más recientes remesas sirvieron para equipar a las autodefensas), donde carreteras y caminos secundarios son transitados sin gran problema por caravanas de vehículos con civiles con capacidad de fuego a la vista, el titular de Gobernación ha prometido una suerte de tolerancia cero, lo cual implicaría un histórico desarme masivo.

Además, el responsable de la política interna del país ha solicitado a los mismos con los que antes negociaba, y en los mismos términos que había dado a conocer cinco días atrás en entrevista radiofónica, que depongan las armas, que regresen a sus comunidades de origen y colaboren abiertamente con la administración federal, dando información de lo que saben e incluso alistándose en los cuerpos policiacos para desde allí regularizar su vocación vigilante.

Una primera respuesta de uno de los líderes de las autodefensas, Estanislao Beltrán, de Tepalcatepec, advirtió que el llamado de MAO no podría ser atendido en tanto no fuesen detenidos los líderes de los templarios. Hoy se conocerá la postura colectiva de esas fuerzas, pero no pareciera que el discurso ceremonial de Osorio Chong fuese suficiente para devolver a sus casas (o uniformar como policías) al ejército regional irregular que hasta ahora ha sido usado por Los Pinos para enfrentar a los Templarios como si fuese una confrontación entre dos bandos ante la mirada falsamente neutra de un gobierno federal que estaría abdicando de sus responsabilidades.

Por lo pronto, Peña Nieto recurre al expediente simplista del envío masivo de fuerzas presuntamente apabullantes a la misma zona donde Felipe Calderón inició su historial funerario progresivo, Osorio Chong se enreda con los mismos hilos que antes suponía manejar, Fausto Vallejo confirma su condición política espectral, los templarios enfrentan una ofensiva que se anuncia descomunal y las autodefensas arriban al punto en que deben definir si constituyen una insurrección social legítima o forman parte de un paramilitarismo inducido desde el poder federal asesorado por el general colombiano Naranjo. ¡Hasta mañana, con los panistas y sus moches!

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