ace unas semanas el Observatorio de la Historia (OH) publicó el informe Un año de historia (http://issuu.com/elpresentedelpasado/ docs/informe_2013), que analiza el uso de la historia por el gobierno de Peña, entendiendo que la historia es un conocimiento social, porque como todo saber científico se construye colectivamente, se financia mayoritariamente con dinero público, se ocupa del pasado y el presente de las sociedades humanas, y se usa para definir realidades políticas, sociales y culturales que inciden significativamente en la vida de todos.
Preocupados por la manera en que la historia se convierte en discurso político y práctica social, el OH presentó este balance de las acciones del gobierno en materia histórica en que el Estado debe tomar parte: a) la definición y custodia del patrimonio nacional, b) la construcción de cultura cívica y c) la enseñanza escolar de la historia (http://www.jornada.unam.mx/2012/07/ 03/opinion/018a2pol).
Recordemos que hasta los años 70 el Estado participó activamente en la definición de esos aspectos. Posteriormente, y cada vez más rápido desde los años 90, la historia dejó de ser usada para afirmar la existencia de la nación, pues resultaba poco útil para las obsesiones del gobierno de Salinas de Gortari y sus sucesores: a un régimen que pretendía imponer su visión de la historia le siguió otro que pretendía deconstruir
(desmitificar
) la historia o desentenderse de ella. De ese modo, en los tres aspectos arriba señalados, el estatismo (que fue objeto de una crítica válida) devino en la aparente paralización de la acción del Estado.
Desde entonces se han venido erosionando la educación pública y las instituciones encargadas de administrar el patrimonio, el INAH y el INBA: concebidas al menos en parte para articular el pasado de una identidad nacional homogénea, la escuela y la zona arqueológica parecen no tener cabida en un país cada vez más plural y cada vez más sujeto a los azares del libre comercio
. Las acciones y omisiones del régimen apuntan al establecimiento de una nueva relación entre conocimiento y sociedad, definida por la mercantilización de los saberes
.
En ese sentido, el gobierno actual parece más una continuación del momento imperante en México desde los años 80 que la restauración de un modelo anterior; sin embargo, el término restauración permite resaltar el voluntarismo de un gobierno que se inició incorporando al PRD al pacto informal que PRI y PAN mantienen desde 1988; un gobierno que se presentó con una agenda tan desmesurada que para tener posibilidad de éxito requería imaginar el restablecimiento, o sea la revitalización, de un proyecto nacional momentáneamente interrumpido
.
De acuerdo con lo anterior, ¿cuál es el balance del primer año? Sin ambages, el OH señala que su uso de la historia no puede ser positivo
. Y no sólo porque se haya usado la historia con fines políticos: eso lo hacen todos los estados. Tampoco porque su discurso y su práctica sean continuación de las anteriores. El balance es negativo porque vemos peor de lo mismo
. En primer término hemos visto al jefe del Ejecutivo federal mentir abiertamente acerca del pasado, buscando con ello legitimar uno de sus proyectos, en un gesto de manipulación tan burda que no tiene precedente
(la mentira de Peña y la posición del OH en http://www.jornada.unam.mx/2013/08/ 27/opinion/019a1pol ).
Lo más parecido a esta mentira fue la campaña emprendida en 1992 por el gobierno de Salinas de Gortari para justificar la reforma al artículo 27 constitucional que suprimió la inalienabilidad del ejido. Ambas campañas usaron argumentos presuntamente historiográficos para justificar decisiones políticas y ambos cuestionaron la utopía cardenista
sin atacarla frontalmente.
Una diferencia entre ambos actos de malabarismo historiográfico permite entender la dimensión del de Peña: en la articulación de aquellas campañas trabajó un personaje que había estudiado con profundidad la relación entre pueblos, campesinos y Estado (Arturo Warman) y, añado, otro que trabajó seriamente los orígenes y propuestas de los vencedores de la Revolución Mexicana (Héctor Aguilar Camín). La campaña peñista carece del respaldo de la comunidad científica: nadie ocupa hoy el lugar de Warman y Aguilar. Ningún historiador ha aparecido como asesor o responsable de la mentira del actual gobierno.
Además de la invención de una política petrolera cardenista que no existió, hubo varios actos de fallida reinterpretación del pasado, en los que Peña o sus secretarios de Defensa y Educación intentaron usar efemérides para justificar sus reformas y, en tres casos muy notorios, señalaron como enemigos de México
a quienes disienten del régimen. Muy grave nos parece, también, que el Ejército nacional haya dejado de ser un actor silencioso en la vida política mexicana.
