ntre Tepalcatepec y Nueva Italia, Michoacán, hay un arco de más de cien kilómetros, con Apatzingán en el centro. Si ese arco se proyecta a Uruapan, entre los tres puntos queda un triángulo de unos tres o cuatro mil kilómetros cuadrados. Pero si el ángulo superior se ubica hacia el norte, en la Meseta Tarasca, por los rumbos de Paracho y Cherán, el área triangular, con el Cerro Tancítaro en el centro, suma unos siete mil kilómetros cuadrados. De ese tamaño es el territorio michoacano que se encuentra fuera del control del Estado, a menos que control pueda entenderse como el sobrevuelo de un helicóptero de la Policía Federal que observa la situación mientras los grupos de autodefensa procedentes de Tepalcatepec, La Ruana, Buenavista Tomatlán y La Huacana cierran su pinza sobre Apatzingán, considerada plaza fuerte de Los caballeros templarios, y éstos y sus simpatizantes incendian camiones, destruyen negocios y edificios públicos y bloquean carreteras.

Fue precisamente en Apatzingán donde el 3 de enero de 2007 Felipe Calderón, enfundado en una camisola militar que tanto en lo literal como en lo figurado le quedaba enorme y acompañado del entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel y resguardado por enjambres de policías federales, soldados y marinos, refrendó los lineamientos sociopáticos de su estrategia de seguridad (la guerra contra la delincuencia costaría muchas vidas, dijo) y prometió a los michoacanos un futuro de paz.

En materia de seguridad, a Peña se le ha ido en blanco el primer año de gobierno. Ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, andaba por Morelia ofreciendo cosas parecidas a las que prometía Calderón, aunque los priístas no son tan torpes como los panistas y se abstienen, al menos, de anunciar la retahíla de muertos que viene. En el ínterin han pasado siete años, se han perdido unas cien mil vidas, el gobierno se ha gastado toneladas de dinero en una guerra más orientada contra el pueblo que contra la delincuencia y la paz y la seguridad no aparecen por ninguna parte. Al contrario: resulta inocultable que grandes porciones del territorio nacional se encuentran bajo el control de poderes fácticos, ya sean delictivos o ciudadanos, y medio país (14 entidades federativas) es considerado un sitio inseguro por el Departamento de Estado.

De Salinas y Zedillo a la fecha la inseguridad ha empeorado en forma sostenida y algunos se preguntan qué han estado haciendo todos estos años los equipos de gobierno que se han sucedido. La respuesta es simple: han estado destruyendo al Estado en todos los ámbitos, salvo en el de sus habilidades represivas. Han ido a Washington a declinar atribuciones y facultades exclusivas, han desmantelado el sector público de la economía, han emprendido campañas contra los sistemas de salud y educación, han transferido cientos de miles de millones de dólares del erario a bolsillos privados y han socavado el respaldo social y la autoridad mediante repetidos saqueos a la propiedad de todos.

La oligarquía y su funcionariato han creído que el ejercicio de gobierno puede reducirse a robar en beneficio propio y de los socios trasnacionales y a mantener una propaganda multimillonaria, un reparto electorero de dádivas y un ejercicio de la fuerza contra activistas, disidentes y simples ciudadanos (de Atenco, de Oaxaca, de Ciudad Juárez, de Monterrey, de Morelia o del Distrito Federal), a quienes se detiene, tortura y acusa de cualquier cosa sólo por el gusto de ejercer un poder perverso.

Pero no. La reducción del Estado a sus componentes más primarios –oficinas de fabricación de mentiras y entrega/recepción de sobornos, logotipos de cuerpos legislativos sumisos y corporaciones armadas– genera, obligadamente, ingobernabilidad, y todo indica que ya estamos en esa fase. Ahora nada simboliza mejor a ese Estado corroído desde adentro que un helicóptero solitario de la Policía Federal que ronronea sobre los enfrentamientos michoacanos para observar la situación sin que a nadie le importe su presencia, en tanto los jerifaltes institucionales piensan en alguna suerte de arreglo coyuntural –igual pueden pactar con el cártel o con las autodefensas, o bien contratar a alguna empresa de seguridad– para aparentar que no pasa nada y que la crisis ha sido resuelta. Con suerte y hasta les creen.

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