on eso de que el problema de la deuda pública quedó resuelto (Salinas dixit, obviamente) desde hace poco más de dos décadas, el gobierno federal en turno dio rienda suelta a la contratación de débito –interno y externo– hasta llevarlo a un nivel histórico, con ganas de superar, y por mucho, a la administración previa, la cual también rompió récord.

Se supone que el gobierno federal se endeuda con el fin de utilizar esos dineros para impulsar la economía, generar empleo formal, crear bienestar para la población y demás románticas hipótesis. Pero en el caso de la administración peñanietista el débito público creció y creció, pero los tres renglones referidos (crecimiento, empleo y bienestar) reportaron un comportamiento inversamente proporcional al aumento de la deuda.

¿Qué sucedió? Que el gobierno federal se sigue endeudando sólo para pagar deuda y los voluminosos intereses que ella genera, tanto interna como externa, es decir, exactamente lo mismo que hizo el inefable Felipe Calderón, quien en tiempos de su campaña electoral a los mexicanos prometió no endeudar a tu familia. ¡Y de qué manera lo hizo!

Pues bien, información de la Secretaría de Hacienda revela que al cierre de noviembre de 2013 el saldo de la deuda del sector público (interna y externa) llegó a 5 billones 695 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 343 mil millones de bilimbiques con respecto al último día de 2012. ¿Dónde quedó esa carretada de dinero? No en el impulso al crecimiento económico, el cual, si bien va, será de 1.2 por ciento, o lo que es lo mismo, tres veces menos que en el año previo. Tampoco en la generación de empleo formal, la que, en el mejor de los casos, sólo incluyó a uno de cada dos solicitantes. Y menos en el bienestar de los mexicanos, quienes ya no sienten lo duro sino lo tupido.

¿Quién se endeuda a razón de 42.8 millones de pesos por hora (mil 27 millones por día)? El gobierno federal, que mayoritariamente destinó esos recursos a tapar hoyos, para abrir otros más profundos. La buena noticia es que este problema se resolvió poco más de dos décadas atrás, según la versión oficial. Y tal cifra no incluye otros pasivos contingentes (como el IPAB-Fobaproa, el rescate carretero y los Pidiregas de la CFE, entre otros; por cierto, la amortización de estos últimos está calendarizada para 2042 –de aquí a 28 años–, siempre y cuando no se contraten más). Si se incluyen el saldo se eleva a 6.5 billones de pesos, aproximadamente.

(Perdón: también se endeuda para financiar la privatización energética). Al cierre del inefable sexenio calderonista, en este espacio se comentó que el triste personaje que en el discurso prometió a los mexicanos, entre tantas otras cosas, no endeudar a sus familias, procedió exactamente en sentido contrario, y en los hechos no sólo incrementó la deuda pública hasta niveles verdaderamente peligrosos, sino que lo hizo para (¡sorpresa!) pagar intereses de la deuda, de tal suerte que de cada peso de endeudamiento contratado durante su sexenio casi 70 centavos se destinaron a tal fin.

Se anotaba que el balance era espléndido, en especial cuando se recuerda que en los dorados tiempos de la campaña electoral 2006 el candidato panista al hueso mayor y su aparato propagandístico aseguraban que “hay formas de que México avance sin deudas… ¡Felipe Calderón te dirá cómo!” Nunca lo dijo, desde luego, pero lo que sí hizo, ya como inquilino de Los Pinos, fue incrementar la deuda pública en la friolera de 141 por ciento, al pasar de 2.22 billones de pesos en diciembre de 2006 a 5.35 billones al cierre de 2012 (las cifras son de la Secretaría de Hacienda).

Con Calderón en la residencia oficial, la deuda pública creció a un ritmo anual promedio de casi 20 por ciento, mientras la economía lo hizo a una tasa anual promedio de 1.8 por ciento. Así, el saldo del débito público avanzó a un ritmo más de 11 veces superior al de la economía, y la Auditoría Superior de la Federación documentó que 70 por ciento de la nueva deuda contratada por el gobierno federal se destinó a pagar los intereses y cubrir los gastos de la propia deuda pública, lo que resulta extraño al recordar que tanto Carlos Salinas de Gortari (en 1990) como Vicente Fox (en 2004) decretaron que el de la deuda pública es un problema superado.

Por aquellas fechas, la Auditoría Superior de la Federación recordaba que el artículo 73 constitucional (fracción VIII) establece que ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el presidente de la República en los términos del artículo 29. Hasta donde se sabe, ninguno de los supuestos se presentó (versión oficial), pero el inquilino de Los Pinos y sus operadores se sirvieron con la cuchara más grande que encontraron. Hasta aquí el recordatorio de cifras, proporciones y leyes.

Sirva lo anterior para constatar que la estrategia peñanietista de deuda pública no se ha movido un milímetro con respecto a la del sexenio calderonista (cuyo titular también prometió reducir tarifas eléctricas, precio del gas y otras gracias, que obviamente incumplió). Así, al cierre de noviembre de 2013 la deuda por habitante –incluyendo los recién nacidos– supera los 48 mil 263 pesos, y contando. Pero tranquilos, que el problema se resolvió dos décadas atrás.

La Secretaría de Hacienda asegura que es totalmente administrable la deuda pública (interna y externa) del sector público y que el riesgo se desvanece, por constituir la mayoría de ella un débito a mediano y largo plazos. Pero de cualquier hay que pagarla, y más si se contrata más débito para pagar los intereses de préstamos anteriores. Y eso sucede todos los años.

Las rebanadas del pastel

De partidos políticos, líderes legislativos y amigos que los acompañan, mediante cochupos, diezmos, pellizcos y contratos impuestos a producto de gallina. Los panistas, especialmente, habían logrado silenciar a quienes los denunciaban por tales prácticas, pero ¡zas!, que aparece un espontáneo: el presidente municipal de Celaya, Guanajuato, Ismael Pérez Ordaz, reveló que un grupo de diputados federales del PAN ofreció aprobar una partida presupuestal de 160 millones de pesos a cambio de que la administración local contratara a una constructora allegada al líder de los legisladores panistas, Luis Alberto Villarrreal, y el pago de una comisión de 35 por ciento. Y en los otros partidos nada mal lo hacen.

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