San Cristóbal de Las casas, Chis., 13 de enero.

El punto más crítico del presunto conflicto en el ejido Puebla, municipio de Chenalhó, fue la acusación del comisario ejidal Agustín Cruz Gómez, contra dos ejidatarios bases de apoyo zapatistas, por envenenar el agua de la comunidad el 20 de julio pasado. Los servicios de salud del estado realizaron estudios clínicos y químicos para documentar los cargos, y no encontraron nada. Sin embargo, nunca hicieron públicos los resultados. Esta omisión pudo ser determinante para el posterior desplazamiento forzado de los indígenas, acusados infundadamente y, como se verá, de mala fe.

Tampoco se divulgó el análisis de muestras de agua presuntamente envenenada, y de un líquido café en muestra aparte, que se realizó en los servicios de química forense de la Procuraduría General de la República en Quintana Roo.

Los resultados fueron turnados al titular de la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas, César Enrique Pulido Guillén, el 12 de septiembre.

La muestra del agua exhibía resultados negativos para alguna sustancia que pueda considerarse tóxica. La segunda muestra era, simplemente, veneno de rata en su envase comercial, lo cual no probaba nada.

Cinco meses en el exilio

En ausencia del desmentido oficial, en la comunidad el rumor causó pánico y enojo, y pavimentó el camino para el desplazamiento violento, un mes después, de más de cien indígenas, miembros de Pueblo Creyente y Las Abejas, así como bases de apoyo de Ejército Zapatista de Liberación Nacional y familias de religión bautista. Desde agosto, estas familias tzotziles viven desplazadas en el campamento de Acteal y en otras comunidades.

Mariano Méndez Méndez y Luciano Méndez Hernández fueron acusados de envenenar el agua de la comunidad. La policía los trasladó a San Cristóbal y debió liberarlos por falta de pruebas. Cuando inspectores sanitarios intentaron estudiar el tanque presuntamente contaminado, éste se encontraba vacío, y la parte acusadora obstaculizó la revisión.

No obstante, decenas de indígenas fueron trasladados al Hospital de las Culturas en San Cristóbal de las Casas. Algunos, con síntomas digestivos; la mayoría para ejercer presión. La Jornada posee copias de los expedientes clínicos de los presuntos envenenados que revisó el personal médico. Los reportes coinciden: No hay datos de envenenamiento, aunque en algunos pacientes había patologías infecciosas de otro origen. Nada de esto se dio a conocer en detalle.

No importó que el delegado regional de Salud, Ulises Córdova, negara la existencia de algún caso de intoxicación por agua en toda la zona; la comunidad quedó tocada, y las autoridades gubernamentales no hicieron nada por desactivar la falsa acusación.

Las consecuencias fueron graves. Los acusados habían sido arrastrados y amarrados de las manos y el cuello a un poste por Germán Gutiérrez Arias y autoridades comunitarias. Dijeron que les rociarían gasolina y les prenderían fuego. Entre los agresores se encontraban Nicolás Santiz Arias y Agustín Méndez López, auxiliares municipales, además de Calixto y Benjamín Cruz Gómez, hijos del comisariado ejidal que encabeza las agresiones contra el grupo católico de la comunidad desde la excarcelación de Jacinto Arias Cruz, ex edil de Chenalhó condenado por la masacre de Acteal y originario del ejido, quien una vez libre visitó a sus correligionarios en abril. Las agresiones empezaron en mayo.

En vez de investigar a los autores de las múltiples agresiones (incluyendo las dirigidas contra el párroco de Chenalhó, funcionarios y defensores de derechos humanos), es decir los responsables de la situación precaria de las familias exiliadas, el gobierno los considera su únicos interlocutores válidos y hasta los premia.

En tanto, a los desplazados que pretenden cosechar sus cafetales, el gobierno estatal los acusa de radicales y de ”violentar acuerdos”.