La Habana, 14 de enero.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) propusieron hoy un plan para regular la producción y el mercado de los cultivos ilícitos en Colombia, como parte del programa de sustitución de cultivos, en el segundo día de los diálogos de paz que llevan a cabo aquí con una delegación gubernamental sobre el tema de las drogas.

La propuesta fue anunciada por el delegado rebelde Pablo Catatumbo (Jorge Torres), quien leyó un documento en el que señaló que el programa tiene como objetivo promover la sustitución voluntaria de los usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola y mariguana, mediante el impulso de planes de desarrollo alternativo, diseñados en forma concertada y la participación directa de las comunidades.

Pero, dijo, se requiere de la intervención del Estado para regular la producción y el mercado de tales cultivos con base en el reconocimiento de las cualidades alimenticias, medicinales, terapéuticas y culturales, a difinir en cada caso, así como de sus posibilidades artesanales e industriales. Más que combatir la producción, de lo que se trata es de regularla o sustituirla, explicó.

Para la puesta en marcha del programa se hace necesaria la desmilitarización de los territorios y su consecuente exclusión de zonas de guerra, pues se requiere la provisión de garantías y condiciones de seguridad para la población campesina, expresó Catatumbo. También supone la suspensión de las aspersiones aéreas con agentes químicos y la erradicación forzada de cultivos.

El plan, dijo, debe ser financiado en su totalidad por el Estado, proceder a la suspensión de explotaciones mineras o de hidrocarburos en los territorios objetos de esta iniciativa, y se debe crear una comisión internacional de seguimiento y control del programa.

En otro orden, un tribunal del departamento de Cundinamarca dejó temporalmente sin efecto el fallo de la Procuraduría General mediante el cual fue destituido el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. El magistrado José María Armenta estableció que la procuraduría o ministerio público no es la instancia competente para investigar a funcionarios electos por voto popular.

El dictamen de Armenta ahora debe ser ratificado o revocado en 10 días por sus compañeros del tribunal. Petro celebró la suspensión del fallo como un triunfo democrático de la justicia y la ciudadanía. El ministro de Justicia, Alfonso Gómez, había dicho previamente que el presidente Juan Manuel Santos acataría el fallo de la Procuraduría porque no tenía otra alternativa.