El comité ejecutivo del sindicato nacional de mineros y el abogado de este gremio, Marco del Toro, señalaron que es un acierto que el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, haya desmarcado a la actual administración de la persecución política que los dos gobiernos del PAN que lo preceden llevaron a cabo en contra del dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia y del sindicato.

Esto ocurre, según expusieron, porque en esta persecución los dos gobiernos anteriores cometieron abusos y violaciones contra el estado de derecho y la propia Constitución de México.

Para este sindicato y su abogado, es también un acierto reconocer el firme liderazgo de Gómez Urrutia, quien ha contado “con un enorme apoyo que dentro y fuera de México ha logrado a lo largo de estos años de persecución… como quedó de manifiesto en la reunión que el presidente Enrique Peña Nieto y el propio secretario Navarrete Prida sostuvieron el año pasado con dirigentes sindicales mineros y algunos de los líderes más importantes del mundo”.

Señalaron que, sin embargo, ni Napoleón Gómez Urrutia, ni su defensa, y mucho menos el sindicato nacional de mineros, han intentado negociar la ley y, por el contrario, se han pronunciado por el imperio del estado de derecho. Además, en tribunales se ha logrado demostrar en 11 ocasiones la inocencia plena del dirigente minero y otros representantes el gremio.

En un documento firmado por los integrantes del comité ejecutivo y por Marco del Toro se señala que naturalmente se ha solicitado del gobierno federal que intervenga, dentro del marco de la ley, para poner fin a un conflicto que rebasa lo que sucede en tribunales. Y es que Grupo México, de Germán Larrea, y otros empresarios y políticos que éste maneja a su antojo, creen poder pasar por encima del estado de derecho, repitiendo acusaciones en aras de mantener un estado de cosas tal que impida el recto desarrollo de la vida sindical.

Explica que el último asunto penal que está en proceso de resolverse es una evidente violación a una sentencia concesoria de amparo dictada en favor del dirigente minero, y que serán los magistrados del cuarto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito quienes decidan en definitiva sobre el particular.

Por otra parte, el sindicato indicó que para hacer viable el reconocimiento del liderazgo de Gómez Urrutia, es preciso que el gobierno proceda a solucionar el conflicto minero que ya suma ocho años de duración; cumplir la determinación de Interpol que retiró la llamada ficha roja; resolver los conflictos de huelgas del sector y proceder a la justa recuperación de los cuerpos de los mineros de Pasta de Conchos e indemnizar a los familiares, entre otros.