Con el nombramiento del comisionado para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, en los hechos el gobierno federal toma las riendas de dicha entidad ante la crisis de inseguridad, desplazando a la administración del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, consideraron senadores, diputados y partidos políticos.

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, alertó sobre la importancia de no convertir al nuevo comisionado en una especie de ‘‘virrey’’ que no le rinda cuentas más que al presidente Enrique Peña Nieto, porque éste lo nombró.

Dijo que con esta designación se destituye de facto al gobernador michoacano, ‘‘el peor que ha habido en la historia reciente’’. Para Zambrano, si se analiza la experiencia previa del comisionado, está claro que su único mérito es su cercanía con el Presidente.

A su vez, Marko Cortés, integrante del comité ejecutivo del Partido Acción Nacional (PAN), estimó que el gobierno federal vulnera la autonomía y soberanía del estado de Michoacán, pero dijo que al mismo tiempo es una forma de no llegar a la desaparición de poderes, medida que en estos momentos complicaría aún más las cosas, pues se levantarían ambiciones insanas. Agregó que la designación del comisionado Castillo es una especie de desconocimiento al gobierno estatal que encabeza Fausto Vallejo.

Por su parte, el senador panista Juan Carlos Romero Hicks, quien fue gobernador de Guanajuato, resaltó que es necesario ‘‘erradicar el estado chueco’’ que prevalece en diferentes municipios de esa entidad, generado principalmente ‘‘por la tolerancia de los tres órdenes de gobierno a la presencia del crimen organizado y los llamados grupos de autodefensa’’.

Dolores Padierna, vicecoordinadora del PRD en el Senado, cuestionó el nombramiento del coordinador. ‘‘Castillo fue procurador en el estado de México cuando Peña Nieto era gobernador de esa entidad, y llevó el caso de la niña Paulette con resultados muy negativos’’.

Asimismo, el coordinador perredista en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, planteó que la intervención federal a través del comisionado ‘‘debe ser temporal y cuidando que no se le perciba en los hechos como un gobernador alterno que anule la presencia de la autoridad estatal’’.

Dijo que si bien Vallejo solicitó la intervención federal en el estado, el nombramiento de Castillo no debe reducirse a considerar ‘‘si se convirtió en gobernante de cartón o de papel’’.

Por su lado, el secretario general del sol azteca, Alejandro Sánchez Camacho, exigió que se investigue si el militar colombiano Óscar Naranjo, asesor de Peña Nieto, influyó en la creación de grupos de autodefensa en el estado de Michoacán.

Consideró ‘‘muy sospechoso que tras el arribo del colombiano al país hayan surgido este tipo de grupos, y habría que saber qué tanto los ha tolerado, apoyado y financiado el gobierno’’.

José Castelazo, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), opinó que la crisis de seguridad que padece Michoacán se debe a la ‘‘acumulación de malas administraciones públicas en las que hubo negligencia y muchos se corrompieron’’ ante la embestida del crimen organizado, y precisó que ‘‘es momento de ponerles un alto’’ a todas esas ‘‘debilidades’’ en la administración de los diversos niveles de gobierno.

Dijo que cambiar esa realidad ‘‘no es solamente con la fuerza de las armas, sino con la de la razón, de la concertación y de la conducción inteligente’’ de los gobiernos.

En Irapuato, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, negó que la crisis de inseguridad en Michoacán esté afectando negativamente la atracción de inversiones extranjeras al país. Sin embargo, aceptó que donde sí existe un daño es dentro de la mencionada entidad, donde se registra la ola de violencia. Destacó que la mayor afectación está en la región de Tierra Caliente.