San Cristóbal de las Casas, Chis., 16 de enero.

El conflicto, presuntamente religioso, en el ejido Puebla, comienza a tener repercusiones más amplias y pone en riesgo la convivencia y la tolerancia en el municipio de Chenalhó, como lo revelan la expulsión y el hostigamiento en la comunidad de Jabaltón contra miembros del recién creado Consejo de Contralorías Comunitarias (CCC), el cual expone:

En medio de expulsiones y amenazas se crea el consejo, y se lanza la campaña informativa por el derecho a saber. Ejercer el derecho de acceso a la información pública se convirtió en un asunto riesgoso, motivo de amenazas y castigo para quienes creen y practican la transparencia y la rendición de cuentas como parte sustantiva de la democracia real.

México y Chiapas viven un preocupante retroceso en materia de derechos ciudadanos; la opacidad, la corrupción y el despilfarro de recursos públicos en campañas publicitarias ganan terreno y se convierten en los principales signos de la gestión de los gobiernos. Así lo denunciaron integrantes del CCC que representan 15 localidades. Creado en diciembre en la cabecera de Chenalhó, tuvo su primera sesión el 13 de enero. Se origina desde enero de 2013 en un análisis de finanzas públicas municipales y la capacitación para la contraloría social, promovido por Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes. El interés y la respuesta de los parajes por ejercer el derecho ciudadano a la información fue notable”, refieren grupos comunitarios que solicitaron expedientes técnicos y presupuestos de obras en el municipio.

De inmediato se opusieron el presidente municipal y el grupo priísta, quienes emprendieron una campaña de linchamiento y persecución contra los promotores de la iniciativa, y de castigo a las comunidades que presentaron solicitudes de información. No obstante, las contralorías comunitarias continuaron. El edil convocó el pasado 5 de octubre a los agentes auxiliares de las 97 comunidades del municipio, para firmar un acta de acuerdo que prohíbe el acceso al municipio a Voces Mesoamericanas y de manera general a las organizaciones de la sociedad civil.

Especialmente grave, añade el CCC, fue la amenaza de detención, cárcel y multa para sus integrantes, y que de no pagar se les quemaría vivos. Para el gobierno municipal, las contralorías comunitarias son una amenaza para la opacidad, la corrupción y el uso discrecional y partidario de los recursos públicos. Ante los amagos, los promotores de las contralorías constituyeron el CCC para animar y acompañar técnica y políticamente a personas, grupos y comunidades que deciden ejercer sus derechos ciudadanos y practicar la contraloría comunitaria.

Este 13 de enero, Mariano Gutiérrez Rodríguez y su familia fueron expulsados de Jabaltón. ¿Su delito? Solicitar información sobre uso y destino de los recursos públicos destinados a la obra comunitaria y asistir a talleres de capacitación. Otros cuatro miembros de la contraloría fueron castigados y obligados a pedir perdón, junto con la amenaza de ser expulsados. Las autoridades de Jabaltón expulsan y castigan a pesar de haber perdido la votación en la asamblea comunitaria.

El consejo llama a las autoridades federales y estatales a restablecer la legalidad, a que se protejan los derechos humanos en Chenalhó, y garantizar la seguridad y la integridad de Gutiérrez Rodríguez, su familia y todas las víctimas de abusos y atropellos de las autoridades.

En otro orden, los desplazados del ejido Puebla confirmaron que este viernes por la mañana retornarán a sus cafetales, saliendo de Yabteclum.