A petición de los representantes jurídicos de cientos de familias endeudadas con los créditos de sus viviendas que fueron inflados hasta 40 por ciento de su valor real, la Procuraduría General de la República (PGR) sumó a las averiguaciones previas abiertas contra diversas constructoras, sociedades financieras de objeto limitado (Sofoles), ex funcionarios de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y varios estados y municipios del país, el contenido del reporte publicado el jueves pasado por la empresa calificadora de valores Moody’s.

En ese documento público, Moody’s sostuvo que miles de deudores de préstamos empleados para adquirir departamentos de interés social en áreas suburbanas con pocas opciones de transporte y servicios públicos simplemente abandonaron sus viviendas en lugar de continuar sus pagos hipotecarios.

También se anexó a la carpeta de investigación ministerial abierta por la PGR la versión estenográfica de las declaraciones de Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público, quien el 10 de enero pasado manifestó que la construcción de vivienda en México enfrenta un problema estructural que tiene que ver con el agotamiento de un modelo de negocios y financiamiento público a la vivienda que fue muy exitoso hace algunos años, pero que, sin embargo, se ha agotado, nos llevó como país a construir muchas viviendas, miles de casas, en lugares absolutamente inapropiados, que hoy se encuentran abandonadas.

José Humbertus Pérez Espinosa, presidente del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna AC (Fmdvd), organización que representa en los tribunales a miles de familias afectadas con la sobrevaluación de sus casas, informó que tanto el documento de Moody’s como las declaraciones de Videgaray fueron presentadas a la PGR como pruebas supervenientes.

El litigante aseguró que ambas fortalecen la hipótesis que está investigando la PGR, respecto de que varios funcionarios y ex servidores públicos federales, estatales y municipales actuaron en colusión con empresarios de la construcción y cometieron los delitos de peculado, fraude genérico y específico, ya que entre 1999 y 2011 se concedieron unos 10 millones de créditos hipotecarios que fueron sobrevaluados hasta 40 por ciento de su valor real, amén de que los mismos se otorgaron sin que las constructoras cumplieran con los requerimientos normativos estatales para la construcción de vivienda en asentamientos urbanos.

Dijo que “si bien existen 5 millones de viviendas hipotecadas que están abandonadas en México, tanto la calificadora Moody’s como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público omiten señalar en sus estudios que aproximadamente otros 5 millones de casas no están abandonadas, y que sus moradores tienen que sufrir los incumplimientos de las constructoras y Sofoles, respecto de las condiciones generales de financiamiento de la SHF.

Los responsables de los incumplimientos son los consejos de administración y representantes legales de las siguientes personas morales: Urbi Desarrollos Urbanos, Promociones de Viviendas Integrales, Ara, Desarrollos Inmobiliarios Sadasi, Homex y Geo, Ke Desarrolladora, pues esas constructoras enajenaron, vendieron y gravaron las viviendas sin tener el permiso previo de la autoridad administrativa (federal, estatal y/o municipal) para el inicio de las obras de urbanización como agua potable, alcantarillado, drenaje y la instalación de la energía eléctrica de las redes de alta y mediana tensión, puntualizó Pérez Espinosa.

La PGR mantiene abiertas las averiguaciones previas UEIDFF/FINM06/173/2009 y UEIDCSPCAJ/SP/M-XII/20/2010, las cuales están en etapa de conclusión.