La acumulación de atribuciones de prevención del delito, operativos, inteligencia y administración de cárceles federales derivó en un gasto esencialmente policiaco para la Secretaría de Gobernación (SG), que este año dispone de 75 mil 3 millones de pesos, de los que más de la mitad se concentran en temas de seguridad pública, concluyó la Cámara de Diputados mediante el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

Este enfoque en el presupuesto de Gobernación se dio no sólo porque asumió las tareas que tenía la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública, sino también por la decisión presidencial de hacerse cargo de la Gendarmería y porque ahora el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) maneja dos partidas, que suman 7 mil 424 millones, prácticamente 10 por ciento de lo asignado a la dependencia.

En un análisis sobre el presupuesto de la SG se explica que 40 mil 850 millones de pesos se destinarán a asuntos de orden público y seguridad interior, para realizar actividades relacionadas con la prevención del delito y combate a la delincuencia.

Dos programas del Cisen

Por clasificación programática del gasto, el Cisen tiene a su cargo dos programas: servicios de inteligencia para la seguridad nacional y la operación de centros estratégicos de inteligencia.

Asimismo, para la aplicación de operativos policiacos, la Cámara le autorizó a Gobernación 20 mil 684.2 millones de pesos (27.6 por ciento), y a la administración del sistema federal penitenciario, 16 mil 953.4 millones (22.6 por ciento).

En el caso de la Gendarmería, que se supone entrará en funciones en junio, se consideran 4 mil 500 millones de pesos

Durante el primer año de la actual administración, la Secretaría de Gobernación únicamente dispuso de 21 mil 41 millones de pesos, y la de Seguridad Pública –hasta que la Cámara de Diputados autorizó la fusión de ambas dependencias– 41 mil 217 millones, lo que hace un total de 62 mil 258 millones, por lo que el gasto conjunto será superior en 12 mil 744 millones.

La SG desapareció cinco programas: prevención social del delito y participación ciudadana; operación del registro público vehicular; operación del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública; emisión de criterios para el control de confianza de funcionarios, y el de fomento de la cultura de participación ciudadana en la prevención del delito, se suprimió lo relacionado con la equidad de género.