Aunque aún faltan por determinar los alcances de la reforma político-electoral, los cambios constitucionales dejan entrever un avance hacia una visión integral en materia de fiscalización, donde sea una sola instancia la que verifique los gastos de los partidos políticos a escalas federal y estatal, señaló el responsable de la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE), Alfredo Cristalinas.

El funcionario destacó el avance, pues si hay partidos políticos nacionales, con presencia local y reciben recursos locales, nos ponen en desventaja cuando hay una división de las leyes, porque existe un ámbito de competencia local y otro estatal. Para los partidos nacionales debe haber una fiscalización nacional, para que los alcances no tengan como límite la jurisdicción.

En una reunión de la Unidad de Fiscalización del IFE con representantes del área fiscalizadora de 16 institutos electorales estatales para analizar el impacto de la reforma en la materia, Cristalinas sostuvo que los cambios constitucionales confieren al Consejo General mayores capacidades decisorias en torno al rumbo de la fiscalización. Sin embargo, reconoce la necesidad de preservar un órgano técnico que realice las indagatorias, llámese unidad técnica, dirección, comisión...

Para el funcionario, justamente la preservación de este órgano técnico, que en su caso sería responsable de realizar las auditorías y las verificaciones sobre ingresos y egresos de los recursos partidistas, lo que se prevé es un avance y no un retroceso en este renglón.

Durante el encuentro se analizaron no solamente los escenarios para la fiscalización con la reforma político-electoral, sino también las repercusiones que tienen en el manejo de las finanzas partidistas otras modificaciones importantes en el ámbito fiscal o con la reforma financiera.

Puntualizó que incluso algunos cambios relacionados con el control del lavado de dinero deben ser explicados a los partidos, a efecto de que no incurran en prácticas ilegales.

En la reunión se revisó también la rendición de cuentas de los partidos y la posibilidad de reducir los plazos para su entrega, con sus implicaciones en una mayor eficacia de la fiscalización,

Cristalinas afirmó que otro aspecto de análisis es la forma en cómo darle máxima publicidad a las acciones de fiscalización, como lo disponen los preceptos constitucionales y en la lógica de la constitución del nuevo instituto nacional electoral.

Sin embargo, reconoció que las repercusiones en la materia, en particular a escala estatal, aún están por dirimirse en el contexto de la elaboración de las leyes secundarias.

A pregunta expresa, reconoció que en años recientes, a pesar de las posibilidades que le confiere la ley a los institutos locales de poder solicitar la intervención del IFE para allanar los secretos bancario y fiscal (sólo reservado para el organismo nacional), no ha habido mucho aprovechamiento. Me sobran los dedos de las manos para contar los que sí han pedido apoyo.