La organización internacional Human Rights Watch (HRW) presentó ayer su informe mundial 2014, en el cual asegura que la ‘‘débil aplicación de la ley’’ en México contribuyó al surgimiento de nuevos grupos de autodefensa ciudadana en algunas regiones. Además, señala las fallas del Estado mexicano y los pocos avances que ha tenido para resolver asesinatos, desapariciones forzadas y torturas realizadas por militares y policías en el contexto de acciones contra la delincuencia organizada.

Sobre este tema, José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, señaló que el gobierno mexicano ha mantenido una posición ‘‘ambigua e improvisada’’ respecto de este fenómeno que ha surgido en Michoacán y otras entidades, el cual podría convertirse en un ‘‘‘Frankenstein incontrolable’’.

En conferencia ofrecida en Washington, reportada por la agencia Dpa, Vivanco señaló que por la actuación que han tenido las autoridades federales frente a las autodefensas ‘‘da la impresión de que el gobierno ha ido aprendiendo en el camino, improvisando sus posiciones frente a un hecho que es de la mayor gravedad’’.

Tema ‘‘de segundo orden’’

Subrayó que ‘‘no hay una política clara en materia de seguridad pública por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto’’. Por el contrario, dijo, han prevalecido ‘‘grandes ambigüedades en este tema y eso ha permitido una gran incertidumbre respecto de cuál es la posición del gobierno federal frente a un fenómeno de la mayor gravedad como es el surgimiento de autodefensas, un cáncer que ha padecido Colombia durante varias décadas’’.

Advirtió incluso que para el gobierno federal este ha sido un tema ‘‘de segundo orden’’ y por eso la respuesta ‘‘ha estado muy por debajo de las expectativas. Hasta ahora, como los derechos humanos, no ha sido prioritario. Lo están enfrentando como una crisis, pero no como una política bien diseñada para ganarse la confianza de la población local e intervenir de una manera profesional sin que se generen violaciones a los derechos humanos’’, dijo Vivanco.

Sobre la posibilidad planteada en México por dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de que el general colombiano Óscar Naranjo sea uno de los creadores de los grupos de autodefensa en Michoacán, Vivanco dijo que ello es ‘‘absurdo’’. Opinó que los señalamientos carecen de fundamento, pues no hay ninguna evidencia que comprometa al citado general. Al contrario, dijo, tanto en Colombia como en México, Naranjo ha advertido del peligro que representa la figura del paramilitarismo o de las autodefensas.

En el informe de HRW, el cual se dio a conocer ayer en Berlín, el organismo aborda diversos temas, como el del sistema de justicia penal que –señaló– no ofrece justicia a las víctimas de crímenes violentos y violaciones de derechos humanos, lo cual responde a diversas causas, principalmente la corrupción, la falta de capacitación y recursos, así como la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio.

Se refirió a la promulgación de la Ley General de Víctimas, así como al hecho de que a la fecha no se ha emitido el reglamento correspondiente. Esa es la débil respuesta que ha dado el gobierno mexicano al tema y lo que de acuerdo con el organismo internacional explica el surgimiento de las autodefensas.

Resaltó que aunque desde el inicio de su gobierno el presidente Enrique Peña Nieto reconoció la existencia de graves abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y la desaparición de más de 26 mil personas desde 2007, ha tenido pocos avances en los juicios de numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetrados por soldados y policías en el contexto de acciones contra la delincuencia organizada, incluso durante la actual administración.

Dice que el sistema de justicia militar no es objetivo y por lo tanto, los soldados acusados de violaciones a derechos humanos permanecen impunes. La evidencia: entre diciembre 2006 y mediados de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 8 mil 150 denuncias de abusos cometidos por elementos del Ejército y emitió recomendaciones sobre 116 casos.

Casi nunca, indicó HRW, los militares que cometen estos abusos son llevados ante la justicia. Y es que la supuesta solución se queda en el ámbito de la Procuraduría de Justicia Militar. Esta instancia inició más de 5 mil 600 investigaciones entre enero de 2007 y mediados de 2013. Sin embargo, hasta octubre de 2012 sólo había condenado a 38 militares por violaciones de derechos humanos.

Familiares de desaparecidos son quienes investigan

Respecto de las desapariciones, el reporte plantea que lo común en México es que ni policías ni agentes del Ministerio Público adopten medidas básicas de investigación para encontrar a las personas o identificar a los responsables de su desaparición. Con frecuencia, agrega, se culpa a las propias víctimas o se indica a los familiares que deben investigar ellos mismos. HRW señala como una falla la carencia de una base de datos nacional de personas desaparecidas y de los ‘‘miles de restos humanos no identificados que han sido hallados, muchos en fosas comunes’’.

De igual forma, se refiere a la persistencia de métodos de tortura para obtener confesiones de personas detenidas arbitrariamente y a las cuales, a menudo, se les mantiene incomunicadas en bases militares y otros centros de detención clandestinos.

Por otra parte, el informe se refiere a la sobrepoblación, falta de higiene e inseguridad en las cárceles; las limitaciones a la libertad de expresión, sobre todo respecto de temas vinculados con la delincuencia; la violencia de género; la falta de respeto a los derechos reproductivos de las mujeres, y la situación de los migrantes víctimas de graves abusos en su recorrido por territorio nacional.