Una campaña de promoción auspiciada por el organismo cupular de los comerciantes, que generó ventas por al menos 50 mil millones de pesos durante la votación presidencial de 2012, mostró la fragilidad institucional para la protección de la propiedad intelectual en el país y generó un litigio que involucra la utilización de jornadas cívicas, como la elección presidencial, con fines comerciales.

La historia se remonta a 2002, comenta Francisco Xavier Montero Lozano, especialista en comunicación con 40 años de experiencia, director del Grupo Mensaje, firma privada. Montero concibió una idea para promover que el Instituto Federal Electoral instituyera El día del ciudadano. Y, para que esa idea cobrara fuerza, planteó que durante la votación presidencial en algunos establecimientos comerciales se ofreciera algún descuento a los votantes que llevaran el pulgar marcado con la tinta indeleble que se aplica en las casillas a todo aquel que deposita su voto.

El planteamiento fue visto con buenos ojos por el Consejo de la Comunicación, que agrupa a varias de las principales empresas del país y por las autoridades electorales, que sólo externaron dudas respecto de si una promoción como la planteada pudiera ser interpretada como compra de voto, relata Montero Lozano a La Jornada.

Mientras se definía si la idea avanzaba, Montero Lozano la registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), comenta. Lo hizo en julio de 2005, según consta en documentos obtenidos por este diario en el sistema Marcanet, donde el IMPI guarda registro de todas las reservas de uso de propiedad industrial que ha concedido. Todos los registros hechos por Montero tienen vigencia de 10 años, así que concluyen en julio de 2015.

Las reservas de propiedad intelectual que Montero Lozano registró ante el IMPI son: Dedo manchado, ciudadano probado...¡Descuento garantizado! Además, obtuvo reserva sobre un logotipo que muestra una mano que exhibe el dedo pulgar manchado.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servicios Turísticos (Concanaco-Servytur), el organismo cupular que defiende los intereses del comercio organizado del país, entró en escena en la elección presidencial de 2012.

Con el lema ¡Dedo manchado, descuento asegurado, compra en el comercio organizado, en una campaña en que también es utilizado un logotipo que muestra una mano que exhibe el pulgar manchado, la Concanaco, sus 254 cámaras y 600 delegaciones en todo el país promovieron descuentos en los precios de productos y servicios a los ciudadanos que acudan a votar a las urnas.

La Concanaco utilizó mi idea, se apropió de mi idea para su campaña, explica Montero Lozano. La campaña del organismo empresarial fue efectiva los días primero y 2 de julio de 2012. Algunas de las empresas que se sumaron al llamado fueron Sanborns, Sears, Dormimundo, McDonald’s, American Dairy Queen, Oxxo, Stockade, Benedetti’s, 7 Eleven y Las Alitas, explica.

Para el especialista resulta evidente la similitud entre la idea que tiene registrada por 10 años como exclusiva y la utilizada por la Concanaco. Asegura que los comercios participantes lograron en esos dos días ventas por entre 50 mil millones y 70 mil millones de pesos, utilizando la campaña de promoción del voto.

Francisco Xavier Montero Lozano, director del Grupo Mensaje, quien registró ante el IMPI la propiedad intelectual del lema Dedo manchado, ciudadano probado... ¡Descuento garantizado!Foto Cortesía de Grupo Mensaje

Hay una agravante a la utilización de la idea que yo registré: mi planteamiento era impulsar una campaña cívica centrada en el ciudadano, en explicar masivamente los derechos ciudadanos, qué es el sufragio, qué es una elección. Los descuentos eran un complemento. La Concanaco se apropió de la idea, pero la convirtió en un mero programa de promoción de ventas, dice Montero Lozano.

La Jornada pidió, el 9 de enero pasado, la opinión de la Concanaco-Servytur sobre la acusación de Montero Lozano. El organismo respondió ayer que no haría ningún comentario sobre el tema.

IMPI: primero sí, luego no

Montero recurrió al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 27 de junio de 2012, antes de la jornada electoral del 2 de julio, para que ordenara al organismo cupular el retiro de circulación de la campaña de promoción en que se empleaba su lema, prohibiera la comercialización de productos y servicios como parte de esa campaña, y que la Concanaco la suspendiera.

El 28 de junio de 2012 el IMPI aceptó la solicitud de Montero Lozano y dispuso una inspección a la Concanaco. Ese mismo día, el IMPI dictó que se retiren de circulación las mercancías que infrinjan los derechos sobre los que Montero tiene registro de exclusividad, y se ordenó a la Concanaco que acatara la resolución. El organismo empresarial no acató la disposición.

Un día después, el 29 de junio, los abogados de Montero Lozano recibieron en su despacho a María de Jesús Cruz García, subdirectora divisional de prevención de competencia desleal del IMPI; y a Rolando Cabrera López, coordinador departamental de inspección y vigilancia del mismo instituto, quienes pidieron que el comunicador se desistiera de su demanda contra la Concanaco, según consta en un documento avalado por Roberto Gayos, corredor público número 28 del Distrito Federal, cuya copia también tiene este diario.

El IMPI está actuando por consigna, ante este caso en que el robo de una idea es evidente, asegura Montero Lozano.

Consultado por La Jornada, Alfredo Rendón Algara, director general adjunto de propiedad industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, acepta que Montero Lozano es el propietario de la idea empleada por la Concanaco para la campaña de 2012.

Sin embargo, acota, Montero Lozano sólo registró su marca para el uso en publicidad, dirección de negocios, administración de negocios y trabajos de oficina. Y la Concanaco, agrega Rendón Algara, empleó la marca con otros fines, por lo que a su juicio no es procedente el reclamo de Montero.

Probablemente (a Montero Lozano) le faltó una mayor protección para abarcar otros servicios que él quería proteger. Si quería proteger todas las clases (de uso de la marca) debió proteger todas, explica Rendón.

El caso está en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Nuestra posición es que acataremos la decisión del tribunal. Si la decisión que tome el tribunal no es sujeta de impugnación, la acatermos, dijo.