Antúnez, Mich., 23 de enero.

‘‘Miedo’’. Esa es la palabra que hoy más repiten los pobladores de Antúnez. Es la misma palabra que repiten sin decir nada sus miradas huidizas y sus dedos que se entrecruzan con nerviosismo.

En esta pequeña localidad del municipio de Parácuaro, Michoacán, la muerte de al menos dos personas durante un operativo del Ejército para desarmar a los grupos de autodefensa –el pasado 13 de enero– dejó un recuerdo imposible de borrar.

En este sitio, asolado hasta hace unos meses por Los caballeros templarios, los familiares de ambas víctimas siguen recordando los disparos de los soldados en la carretera, donde hoy todavía puede verse –literalmente– una mancha reseca de sangre a la altura del kilómetro 181 de la vía que une a Nueva Italia con Apatzingán.

Durante un recorrido hecho por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en Antúnez, Juana Pérez Avilés, madre de Rodrigo Benítez Pérez –una de las dos personas cuyo fallecimiento se pudo confirmar–contó que el día en que murió Rodrigo prácticamente todo el pueblo acudió al llamado de ayuda de los grupos de autodefensa para evitar ser desarmados.

‘‘Fue una cosa tan rápida. Yo no sé cómo pasó, porque (Rodrigo) se encaminó a unos 25 metros de aquí y me dijo que lo esperara, pero ya nunca regresó. Él ya venía para acá, pero recibió una bala en el lado derecho de la espalda. Lo alcanzaron a llevar al doctor, pero ya no se pudo hacer nada por él’’, recordó la mujer.

En voz baja, rodeada del resto de sus hijos y tratando de no mostrar su tristeza, doña Juana explicó que al llegar donde se encontraba su hijo, de apenas 25 años de edad, todavía pudo voltearlo y apretar el orificio de entrada de la bala, ‘‘pero ya nomás le salió un chisguete de sangre bien molida y ya había perdido la vida’’.

La pérdida fue tan súbita y es tan reciente, dijo, que a veces siente que Rodrigo, el que jalaba a todos sus hermanos a trabajar, no está muerto. ‘‘Siento como si fuera mentira que en realidad ha fallecido, pero a lo mejor de Dios ya estaba’’.

Rodrigo, a quien recuerda como un muchacho a quien le gustaba la música, tener amistades, cantar, gritar y tomar, ‘‘fue una persona que a nadie le hizo daño. Esa gente (los soldados) mató a un inocente’’.

Luego de denunciar que las autoridades ni siquiera le han dado el acta de defunción de su hijo, Juana Pérez contó que gana no más de 140 pesos al día por trabajar de 7 de la mañana a 4 de la tarde en una tortillería cercana y confesó sentirse con miedo, ‘‘porque aquí estamos como animalitos: nomás esperando a ver quién nos tuerce la nuca’’.

Unas cuadras más adelante, en una casa de madera y láminas, la familia de Mario Pérez Torres, la otra víctima mortal del tiroteo del 13 de enero, combina la angustia de haber perdido a un ser querido, con la de no tener el dinero para pagar el funeral de él y de su madre, Rosa Sandoval Torres, quien ‘‘se murió de pena’’ seis días después de haber padecido la muerte de Mario.

Jorge Pérez García, hijo del finado, recordó haber visto a su padre muerto, ‘‘tirado al lado de la patrulla. El tiro le entró por la quijada y le desbarató todo aquí atrás. Ahí me lo dejaron tirado, pero no llevaba armas, nada más iba a apoyar a las autodefensas’’.

A su lado, observando la cruz fúnebre hecha de flores azules que se encuentra en el piso de la vivienda, Luis Sánchez no sabe si los soldados iban ese día drogados o borrachos. No acierta a explicarse por qué llegaron ‘‘a puro disparar y disparar’’. Lo que sí sabe es que la confianza que se les tenía a los uniformados ya se perdió. ‘‘Vienen a dañarnos más’’.

A pesar de lo ocurrido, Juana Yépez García, pareja de Mario y madre de Jorge, pide que los grupos de autodefensa sigan ‘‘limpiando’’ las comunidades y no dejen las armas, ‘‘porque nos están ayudando mucho’’. Lo dice su mirada: ‘‘Tenemos miedo. La muerte de él fue injusta porque a los soldados se les hizo fácil venir a dispararle a gente inocente. Antes la gente los saludaba, pero ya no. Los soldados se volvieron matones’’.