Los gobiernos de Colima y Jalisco elaborarán una base de datos de las personas de origen michoacano que visiten esas entidades para evitar que integrantes de bandas delictivas ingresen a su territorio ante el combate que el gobierno federal realiza en su contra.

El gobernador de Colima, Mario Anguiano, explicó que junto con su par de Jalisco, Aristóteles Sandoval, se lleva a cabo esta medida. Cuando se ponen los puntos de revisión, se identifica a las personas que viajan en vehículos y, efectivamente, (esa infromación) se manda a una base de datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), explicó.

La PGJE, agregó, tiene una base de datos de quienes arriban a Colima, con nombres, domicilios, número de placa del vehículos y el lugar al que se dirigen. La idea es saber a dónde van y luego se les da seguimiento.

El propósito es tener vigiladas a todas las personas que lleguen de Michoacán para evitar crímenes en Colima, dijo Anguiano.

Joel Melgar Arredondo, secretario de Seguridad Pública de San Luis Potosí, indicó por su parte que “existen indicios de la presencia de integrantes de grupos criminales provenientes de Michoacán, como Los caballeros templarios, pero no tenemos certeza al respecto”.

El fin de semana pasado, uno de los líderes de las autodefensas en Michoacán anunció que uno de los jefes templarios tiene una propiedad en San Luis Potosí. Melgar Arredondo dijo: Estamos trabajando con la Procuraduría General de la República, en coordinación con la Policía Federal y las unidades de investigación para ver este tema y verificar la información.

Aquí se trabaja con otras corporaciones en la instalación de filtros que frenen un eventual efecto cucaracha de delincuentes michoacanos, dijo.

Juan Jesús Priego Rivera, vocero del arzobispado potosino, pidió al gobierno estatal establezca un cerco de seguridad para evitar que integrantes de grupos criminal ingresen a la entidad.