El juez décimo de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal admitió a trámite el pasado viernes, un amparo contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la investigación sobre la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en agosto de 2010, y la recomendación que emitió al respecto.

La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, dirigida por Ana Lorena Delgadillo, ex subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, señaló que presentó el recurso, junto con familiares de las víctimas, al considerar que la CNDH no investigó a fondo ni se pronunció respecto de la masacre de los 72 migrantes provenientes de Centro y Sudamérica.

En un comunicado, emitido con los comités de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Salvador y del Progreso, así como la Casa del Migrante Saltillo, apuntó que la CNDH tampoco señaló si se violó el derecho a la vida y si el Estado está involucrado por acción u omisión.

Indicó que en su recomendación 80/2013, la CNDH no da ningún lugar a los familiares de las víctimas en tanto que nunca los buscó, no los escuchó, no respetó su derecho de acceso a la justicia ni analizó las condiciones de particular vulnerabilidad que enfrentan por no ser nacionales de México.

Expuso que la CNDH no clasificó como violación grave a los derechos humanos los eventos, minimizando con esto el impacto sobre las víctimas y la sociedad en general, y aclaró que presentó el amparo de manera conjunta con familiares de los migrantes asesinados para reivindicar sus derechos, pero también para exigir, desde los tribunales, el estándar que una institución garante de los derechos humanos debe tener frente a graves violaciones de las garantías de la población migrante.

La fundación afirmó que en la demanda propone un debate sobre la constitucionalidad del artículo 47 de la Ley de la CNDH, pues éste no prevé un medio de inconformidad o de impugnación a las resoluciones de la comisión, mientras que sí lo hace en el caso de los organismos estatales.

Las víctimas plantean al Poder Judicial un escenario en el que la máxima autoridad federal, que debe velar por el respeto a los derechos humanos, es la que los viola, señaló la agrupación.

Resaltó que la masacre de los 72 migrantes es uno de los hechos más repudiados por la comunidad nacional e internacional, y parte de la labor de la CNDH es establecer la verdad histórica sobre el papel del Estado en la investigación del caso y la atención de las víctimas y sus familiares.

La recomendación 80/2013 de la CNDH fue publicada el pasado 23 de diciembre y está dirigida a la Procuraduría General de la República y al gobernador de Tamaulipas. El organismo detectó fallas en la preservación de pruebas, en el lugar del crimen, en la recolección de indicios y maltrato a los cadáveres.