Con el aval del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), otorgado ayer por la tarde, a partir de hoy los ciudadanos que tramiten su credencial de elector ante el Instituto Federal Electoral (IFE) podrán optar entre la inclusión visible de su domicilio o que sea incorporado de forma codificada. Los magistrados rechazaron los recursos promovidos por PRD y PT, en los que argumentan que esta decisión afecta la certeza al momento de votar.

El proyecto presentado por el magistrado Salvador Nava fue aprobado por unanimidad, al considerar que el IFE hizo una interpretación evolutiva de las leyes y armonizó las disposiciones de orden comicial con el marco jurídico que protege los datos personales del ciudadano, dejando a éste la decisión sobre la visibilidad de esta información.

El acuerdo no viola los principios constitucionales de certeza y legalidad, rectores de la función estatal electoral, en tanto que el nuevo modelo de la credencial no implica cambio o variación alguna en la función registral electoral, uno de los pilares fundamentales de la celebración de comicios periódicos y auténticos.

Los magistrados estimaron que el IFE hizo una ponderación del estudio que realizó entre los ciudadanos en torno a su postura sobre esta nueva modalidad de la credencial, ya que reconoce la existencia de una obligación ineludible a cargo de las autoridades electorales para definir las condiciones necesarias que permitan a los ciudadanos decidir sobre la incorporación de los datos en cuestión.

Al mismo tiempo, desecharon el agravio que argumentaban PRD y PT, de que al encriptarse el domicilio se podrían generar errores de seccionamiento y complicaciones al momento de votar, toda vez que esta situación puede subsanarse mediante la capacitación de los funcionarios de casilla.

Flavio Galván sostuvo que no se omite un solo dato electoral necesario para ejercer el derecho de voto, y tampoco se incumple el del domicilio como lugar de ubicación de una persona para el ejercicio de sus derechos o el cumplimiento de sus deberes en los términos en que tradicionalmente define la legislación civil. Están todos los datos y cualquier persona los puede leer, y es responsabilidad del ciudadano que así lo decidió.

Para María del Carmen Alanís, con el acuerdo aprobado por el IFE se cumple la función de salvaguardar el derecho de los ciudadanos a votar, que por supuesto es su función principal, pero también lo es que siga brindando ese servicio como ente autónomo y público para que los mexicanos lo usen como instrumento de identificación. Y el que el ciudadano opte libremente me parece que es una medida que no pone en riesgo todo el andamiaje de un registro o padrón, dijo.