Integrantes de siete agrupaciones campesinas participarán en la marcha por la defensa de la tierra y el petróleo que se llevará a cabo el 31 de enero. Demandarán un cambio radical en la política agropecuaria y que la reforma para el campo, anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto, no sea una profundización de las acciones que se han aplicado desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El gobierno ya conoce cuáles son los males del campo, ahora tiene que blindar la comercialización de los productos nacionales y garantizar precios suficientes y estables a los campesinos, sobre todo en las regiones menos favorecidas, dijo Valentín González Bautista, dirigente de la Unión General de Obreros y Campesinos de México.

Sostuvo que la recuperación del entorno internacional brinda al gobierno una oportunidad para que cambie el modelo de las políticas públicas aplicadas en las pasadas tres décadas en la agricultura, y que los ejidatarios y comuneros accedan a las mismas tecnologías del sector privado.

La Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo destacó que los campesinos han demostrado que son capaces de elevar los rendimientos de maíz en sus tierras de temporal al igual que los grandes agricultores de Sinaloa. Los labriegos han logrado obtener hasta 18 toneladas por hectárea contra las 12 toneladas que tienen en promedio lo grandes agricultores. La diferencia está en que los primeros lo hacen con un costo de producción de mil 500 pesos por tonelada y los segundos con inversiones de 30 mil pesos por hectárea.

La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos destacó que hasta el Banco Mundial ha expuesto que en el sector rural se impusieron reformas estructurales drásticas, pero los resultados son decepcionantes, lo cual demuestra que se requiere un cambio de paradigma en la política de Estado. Algunos de esos cambios, abundó, deberán estar orientados a fortalecer la agricultura familiar, eliminar la dependencia alimentaria y reorientar el gasto público, ya que 10 por ciento de los productores más grandes siguen concentrando 80 por ciento de los recursos para la comercialización, 60 de los subsidios energéticos e hídricos, 45 del Procampo y 55 por ciento de los destinados al desarrollo rural.

Desigual apoyo productivo

La desigualdad entre campesinos y empresarios se refleja en los apoyos de fomento productivo; los primeros reciben 1.1 por ciento y los segundos, 96.3 por ciento.

En la movilización también participarán la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, Central Campesina Cardenista, Central de Organizaciones Campesinas y Populares y El Barzón, las cuales también exigen cambios en la política agropecuaria.