on una bola rápida, sin discusión, como ya es costumbre, la Cámara de Diputados retomó una reforma legal que había quedado pendiente por varios años mediante la cual modifica el artículo 242 de la Ley del Seguro Social, que entró en vigor el pasado 17 de enero. Este cambio afecta a medio millón de afiliados al Seguro de Salud para la Familia (Ssfam).
El Ssfam es un esquema de seguro voluntario al que se acogen personas que no tienen relación laboral protegida por el obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cubriendo una cuota en razón de la edad, que va de mil 420 pesos a 3 mil 733 anuales. A cambio reciben servicio médico y hospitalario.
Las autoridades del IMSS nunca han visto con buenos ojos este sector de beneficiarios, por su costo y porque no pertenecen al sector laboral formal; por ello, suele dificultar la aplicación de este servicio, poniendo obstáculos al margen de la ley, como exigir que se afilien un mínimo de dos personas, aunque la necesidad sea de sólo una.
Como ha documentado este diario, (Ángeles Cruz Martínez, 12/I/14), la reforma al artículo 242 de la Ley del IMSS termina con la facultad del Congreso para determinar el monto de las cuotas, trasladándola al Consejo Técnico del instituto. Esta medida responde a la intención de incrementar, hasta en cuatro veces el importe de dichas cuotas. Obviamente, un aumento de esta magnitud no podrá ser cubierto por la población afiliada, considerando su difícil situación económica lo que la llevará a migrar a la protección básica y precaria de los servicios de salud pública y en todo caso, al Seguro Popular.
La decisión de ir cancelando este Seguro de Salud en el IMSS acredita la intención del gobierno federal de crear un modelo de seguridad social de tres pisos: abajo, una gran mayoría con la única posibilidad de acogerse a los servicios públicos y al seguro popular; un segundo piso, para aquellos que tengan relación laboral formal y el privilegio de ser afiliados al IMSS, Issste o a sistemas estatales, y un tercer piso, perteneciente al sector privado, mediante los seguros de gastos médicos mayores, por cierto, con precios que se han incrementado desbocadamente y con limitaciones crecientes en cuanto a sus beneficios. La pregunta que debemos hacernos es si la expulsión de beneficiarios como los del Seguro de Salud Familiar es la vía idónea para resolver los problemas del IMSS. La respuesta es no.
No, porque esos beneficiarios cubren un pago similar al que aportan otros trabajadores sujetos a una relación laboral. No, porque como la propia ley señala, por razones de solidaridad, corresponde al gobierno apoyar al IMSS en materia de gastos médicos y hospitalarios. No, porque se aleja de un esquema de protección universal. No, porque por esta vía, que lesiona a miles de personas, se soslayan otras soluciones de fondo para dar viabilidad al IMSS, tarea fundamental si tomamos en cuenta que esta institución protege a la mitad de la población.
El IMSS se encuentra, en efecto, en una situación crítica, pero es fundamental no perder de vista las causas de su difícil condición: algunas devienen del impacto de la política económica que ha provocado la reducción del empleo formal y una sensible restricción salarial; otras, de la falta de recursos para cubrir los costos de los servicios médicos y hospitalarios, especialmente a pensionados y personas de edad avanzada, renglón en que el gobierno no ha cumplido sus compromisos asumidos desde la reforma a la ley del instituto, 20 años atrás. Un factor que ha golpeado al instituto, a la seguridad social en general y al futuro de la población, ha sido el injusto despojo de los recursos pensionarios propiedad de los trabajadores, hacia el sector privado, mediante las Afore, que sólo han beneficiado a las grandes empresas y bancos, impidiendo que los auténticos dueños tomen decisiones sobre el dinero que es de su propiedad, generado por sus años de trabajo. Se agrega a las dificultades del instituto su modelo laboral, que incluye un régimen de jubilaciones y pensiones injustificadamente diferenciado entre la generación que ingresó a laborar antes de 2008 y quienes lo hicieron con posterioridad, que llegan a ser un tercio del total y carecen de toda protección contractual en la materia. Otra bomba de tiempo.
La decisión atrabancada del Congreso de la Unión que crea condiciones para afectar a medio millón de afiliados al Seguro de Salud Familiar es contradictoria con la diferición de la reforma al artículo 32 y la derogación del 27, con el objeto de homologar el salario base de cotización entre la Ley del Seguro Social y la del impuesto sobre la renta. Esta reforma había sido aprobada por la Cámara de Diputados a mediados del año pasado, sin embargo, por presiones del sector empresarial, con el apoyo de la fracción panista, ha quedado hasta ahora congelada.
Es clara la incongruencia. Se prefiere sacrificar la suerte de medio millón de mexicanos con recursos escasos, que no han logrado tener las suficientes influencias en el Congreso y no son políticamente rentables, que poner en orden el sistema de cotización al instituto por parte de los empresarios, lo que significaría un apoyo considerable a las dolidas finanzas del IMSS.
Son obvias las dos varas con que se mide la política social. Por lo visto, la ley que sigue imponiéndose es la del embudo: lo ancho para unos y lo delgadito para muchos. Conviene vigilar la decisión final del Consejo Técnico, aunque bien sabemos que acatará lo que le indique el director general de la institución.
