a capacidad del Estado para ofrecer legalidad, seguridad y educación suele ser de los sustentos más importantes de la estabilidad de naciones desiguales como México. La ley, para que cobren validez derechos humanos fundamentales; la seguridad, para garantizar la vida y serenidad elementales para vivir y trabajar, y la educación, para buscar que la vida futura de todos sea mejor, sabia, menos bárbara, civilizada. Sin embargo, la declaración de guerra de Calderón barrió con la posibilidad de un manejo racional del narcotráfico y desató hasta ahora la inseguridad y el deterioro de derechos elementales. Pero, además, creó un ambiente propicio para que la misma lógica de violencia, aunque institucional, se aplicara también a la educación. El resultado combinado ha sido la creación en el país con enormes regiones que viven un clima de barbarie que no se había visto en un siglo, y desde 2006 (con la ACE), y sobre todo desde 2013, la existencia de un virtual estado de sitio contra los maestros donde a la privación de derechos y bilateralidad, amenazas de despido y sanciones arbitrarias, se sigue una estructura de vigilancia (SEP-Inee-Enlace), campañas de persecución, y como una muestra de la belicosidad oficial reinante, incluso una iniciativa del gobernador mexiquense (no del todo retirada) de despedir y castigar con 10 años de prisión al maestro que falte con motivo de alguna protesta (La Jornada 15, 16 /1/14). Así, ahora las modificaciones constitucionales y la legalidad sirven para descalificar derechos humanos fundamentales, como la educación en libertad y la manifestación de las ideas, y hasta para despojar a las mayorías del país de la seguridad y bienestar que significan el petróleo y la electricidad.

Esta combinación del uso violento de la institucionalidad de las leyes y el despojo de garantías elementales (la inseguridad total) ha dado lugar a rebeliones (algunas incluso armadas) de grupos sociales enmarcados en territorios, que quedan indefensos ante un nuevo estado de cosas y que, precisamente porque en el Sur se mantiene viva una profunda cultura comunitaria, tienden a asumir un carácter y una visión colectiva e integral que las hacen ir más allá de la mera lógica de las armas. El ejemplo y contribución más clara a esta vía es la rebelión de las comunidades zapatistas; precisamente hoy hace 20 años se levantan en armas, pero tres años después toman una ruta de autogestión que, con las civiles juntas del buen gobierno, establecen no sólo una legalidad y seguridad propias, más eficaces que la nacional, sino también su apuesta de futuro, un sistema educativo autónomo que va del nivel básico al universitario. Experiencia relevante porque dos décadas después el tema de la seguridad sigue generando otros movimientos de protección comunitaria (sobre todo en Guerrero, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Michoacán), en algunos de los cuales son particularmente visibles proyectos educativos con un espíritu diferente al oficial. Por ejemplo, las escuelas altamiranistas en Guerrero, el PTEO en Oaxaca y las escuelas integrales en Michoacán son experiencias donde el tema y la práctica del bienestar de la comunidad son parte medular del proceso educativo. El desarrollo de la APPO en 2006 en Oaxaca mostró la recia vinculación entre escuelas, maestros y comunidades en estos estados, lo que da pie a pensar que implícitamente los procesos de defensa de la seguridad se están combinando con los de reconstrucción de la escuela y del papel del maestro y el conocimiento en la vida de la comunidad. Una interacción que, sin duda, las irá fortaleciendo mutuamente. En el caso de las autodefensas de Michoacán, donde todavía no es claro si se convertirán en una fuerza paramilitar al servicio de intereses privados o gubernamentales, o por el contrario, retomarán integralmente su base comunitaria (Ver Toledo en La Jornada 21/1/14), es probable que, en esta última dirección, más temprano que tarde se plantee también el tema de la educación que necesitan los niños y jóvenes locales. Porque tampoco es coincidencia que haya sido precisamente en esos estados y a partir de esa misma historia comunitaria, donde la rebelión magisterial ha llegado a niveles tan importantes.

Por eso, en la recuperación de la tranquilidad, la educación puede ser vista como un elemento estratégico, porque refuerza las relaciones locales y, con ello, la seguridad. Sobre todo si se crean escuelas que sean de diálogo y bienestar comunitarios, de conocimiento basado en necesidades regionales y nacionales, de democracia y de ejercicio colectivo del poder dentro y fuera del aula. A esa ruta de seguridad, la rebelión magisterial actual está haciendo una importante contribución, no sólo por el ejemplo de organización y de determinación para luchar, sino también al plantear como exigencia ahora de muchos, una escuela con esas características, creadora de hombres y mujeres libres y conscientes, además, de su poder como pueblo. La reconstrucción del país desde sus regiones, sin embargo, conduciría a un rompecabezas si no es acompañado de iniciativas de creación de nuevos poderes también a nivel nacional, como la convocatoria a un Congreso Popular, abierto a la participación de todos (para postularse: www.congresopopular.org).

*UAM-X