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Foxismo y calderonismo usurparon y malgastaron sin tapujos los excedentes del ingreso petrolero sin invertir ni un tornillo en nuevas refinerías, menos aún en sembrar petróleo. Sus políticas erróneas, antipatriotas y mercantilistas no tienen precedentes. Por ejemplo, entre el 2002 y 2003 se abrieron las válvulas para aumentar la plataforma de explotación y exportación del petróleo en casi 500 mil barriles diarios (de los cuales la mitad podían exportarse, según la ley). Ello representó un claro apoyo a la aventura bélica del gobierno de Bush en Irak. Cinco años después se notaron las consecuencias de tal apresuramiento: agotamiento de pozos, entre otros, Kantarell y Chicontepec, y la reducción de ese mismo volumen a partir del 2003. Así las cosas, durante ese lapso se vendieron barriles a un precio menor de 40 dólares en lugar de 100 dólares, de haberse mantenido esas reservas en el subsuelo sólo cuatro años y ser ofertados después. Este no ingreso o ingreso perdido significó un altísimo costo de oportunidad y duro revés para las finanzas del país, pudiendo decir que, en su sed por la ganancia rápida, el gobierno de Fox se convirtió en un virtual delincuente económico (y petrolero). ¡Vaya lógica de negocio de empresarios fallidos metidos a la política! La estrategia del gobierno actual no es muy diferente a la anterior.

Durante la última década disminuyó la extracción de 3.5 millones de barriles/día a 2.5 millones; también se redujo a la mitad el número de años de reservas probadas.

En suma se dio una disminución de las reservas de crudo en 57 por ciento entre el 2000 y el 2010. De otra parte, para solventar tal disminución se pretende comenzar a extraer el shale gas mediante el método fracking o de fractura. Mientras en todo el mundo se trata de evitar la extracción de este gas altamente contaminante, por razones ambientales y su alto costo económico, en nuestro país los políticos y empresarios pro reforma con entusiasmo tratan de impulsar su explotación. Situación similar se da con los famosos tesoros profundos cuyos altos costos económicos y ecológicos por desastres y derrames de su extracción, sobre todo en el Golfo de México, son ampliamente conocidos. Frente a ello se debe insistir en la importancia de adoptar políticas que reduzcan la incertidumbre y den mayor certeza en la toma de decisiones sobre el recurso, su manejo inteligente y su conservación en el largo plazo. Por el contrario, el libre acceso al mismo, sea bajo la figura de contratos, alianzas, permisos o concesiones de toda índole, amén de propiciar su explotación al límite, conducirá al aumento de las llamadas externalidades negativas y de enormes costos socio-ambientales, los cuales generalmente no están consideradas en los costos de producción. Además recordemos que la mayoría de las empresas mexicanas no registra gasto en protección ambiental.

Propuestas

Si bien los derechos de propiedad de la nación están definidos y salvaguardados en la reforma, éstos van a ser comercializados a través de las alianzas, contratos de adquisición y renta por parte de las empresas ganadoras en la puja.

A continuación señalamos una serie de propuestas y medidas básicas que, entre otras, no deberán ser soslayadas en el proceso de toma de decisiones e implementación de la reforma energética:

Evitar al máximo la apropiación privada de los ingresos provenientes de la explotación de hidrocarburos y energía eléctrica.

Incluir de manera prioritaria el eje ecológico-ambiental.

Aplicación de una tarifa ambientalmente ajustada, de acuerdo al volumen de extracción y zona de explotación. Aquí las áreas marinas serían las más vulnerables y requerirían un mayor grado de protección.

Distribución de un cánon o tasa ambiental para los municipios o estados donde se ubique la explotación de hidrocarburos, así como la producción de energía. Este fondo se destinaría a la protección de atmósfera, aguas, suelos y vegetación en la zona afectada.

Creación de un fondo de reserva para la sustitución/inversión orientada hacia las energías limpias y renovables.

Reducción gradual del volumen de las exportaciones de petrolíferos. Esto garantizaría tanto la conservación del recurso en el largo plazo, como la atención prioritaria del mercado y consumo nacionales.

Desmantelar de manera paulatina pero firme el subsidio a gasolinas y combustibles en general y cambio a combustibles menos contaminantes como el gas natural. Según estudios, el subsidio a las gasolinas llega a alcanzar hasta un tercio del costo real de su producción, mientras que el 70 por ciento de su monto total beneficia a los grupos de mayores ingresos: no más del 30 por ciento de la población.

El petróleo y demás fuentes de energía deben seguir siendo un recurso público estratégico y contar con estatus de patrimonio de la sociedad, así como un componente fundamental de la naturaleza y, como tal, otorgarle un valor de herencia y de existencia para las futuras generaciones.

De no ser así, la actual reforma simple y llanamente tendrá un carácter no sólo privatizador, sino perverso, de rapiña, con el agotamiento más temprano del recurso. Ésta creará más conflictos que soluciones al tema de la ineficiencia y corruptelas de Pemex y de los consumos de energía subsidiados. Si, como está ocurriendo, el actual régimen, la política y políticos no responden para disminuir el nivel de desperdicio y depredación de los recursos naturales, hay que apelar a la responsabilidad colectiva de la sociedad.

*Posgrado de Economía de la UNAM