Pobladores de la comunidad indígena de Aquila, Michoacán, demandaron a la Procuraduría General de la República (PGR) que se desista de las acusaciones contra 42 integrantes de las guardias comunitarias detenidos en agosto de 2013, de los cuales 19 aún permanecen privados de su libertad en penales de alta seguridad.

En conferencia de prensa, denunciaron que el gobierno mantiene un trato diferenciado, pues mientras a los grupos de autodenfensa de esa entidad se les invita a ingresar a las fuerzas de seguridad federales y al Ejército, otros siguen presos por intentar defender a sus comunidades, como también ocurre en la comunidad de La Ruana, afirmaron.

Guadalupe Díaz, poblador de San Miguel de Aquila e integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), recordó que ante el clima de inseguridad y los altos cobros de extorsión que demandaba el crimen organizado, pues de 2008 a la fecha 401 comuneros han entregado 27 millones de pesos, en julio de 2013 la comunidad decidió organizar una guardia comunitaria, frente a gobiernos federal y estatal incapaces de garantizar la seguridad de nuestras familias.

Un mes después, durante un operativo policiaco y militar –el 14 de agosto– detuvieron a 45 de sus compañeros, y a 42 los acusaron de delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El 19 de ese mes, dijeron, en otro operativo fueron asesinados a quemarropa y por la espalda los comuneros Salvador Ramos Eudabe y Alejandro Jacinto Martínez Pulido. Además, desde noviembre pasado están desaparecidos Francisco Ramos, Carlos Zapién e Ignacio Martínez, representantes de Aquila.

Francisco Jiménez Pablos, del Moviento Nacional CNPA, aseguró que ante un Estado fallido, el gobierno federal debe atender los problemas colaterales que se generaron debido a la inseguridad, si quiere una salida de fondo. No resuelve nada en Michoacán el que sólo se patrulle con el Ejército y la policía federal.

Las condiciones de inseguridad, agregó, no han cambiado, porque en el fondo subsiste la corrupción de muchas corporaciones policiacas y de los poderes locales. Es claro, afirmó, que con el nombramiento de un comisionado nacional para Michoacán el gobierno federal reconoce de facto un Estado fallido, que obligó a muchas comunidades a tomar las armas.

Guadalupe Díaz afirmó que al crearse las guardias comunitarias, cada comunero usó sus armas de cacería, y cuando los criminales comenzaron a huir dejaron tras de sí grandes arsenales, que fueron el abastecimiento con que contamos. Nunca hemos comprado un arma, subrayó.

Sandro Rivera, abogado de los comuneros detenidos, señaló que a pesar de la solicitud presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que verifique y garantice la integridad física y sicológica de los detenidos, esto no se ha realizado, como tampoco se ha acudido a la comunidad a recabar datos por la desaparición forzada de nuestros compañeros.

Los comuneros recordaron que Aquila se ubica en una zona rica en hierro, donde se encuentra instalada la empresa minera Ternium, y donde se ha generado una disputa por el control de su riqueza natural, en la que han participado miembros de la delincuencia organizada, de la propia minera y comuneros corruptos.