La recién constituida Comisión Nacional de Atención a Víctimas tiene de entrada 20 mil casos por atender y está pendiente de la situación en Michoacán, comentó el comisionado Julio Hernández Barros.

Dijo que una vez que el pasado día 8 entró en vigor el decreto que constituye a esa comisión, la tarea siguiente será conformar la oficina de la Asesoría Jurídica Federal, que garantizará un asesor legal para cada denunciante, e iniciar el Registro Nacional de Víctimas.

Entrevistado en el Senado, comentó que esa comisión, creada a partir de la Ley General de Víctimas, “debe ser el gran alivio que requieren aquellos ciudadanos que han sufrido el embate del crimen organizado o sus derechos humanos fueron violados por autoridades.

Tenemos la enorme labor de crear las políticas públicas que garanticen, a escala nacional, que las víctimas tengan acceso a la ayuda, a la atención, sobre todo a la justicia y a la verdad.

El comisionado Hérnández Barros, quien integraba parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, dijo que de hecho desde octubre entraron en funciones –aun cuando la comisión como órgano del Estado quedó conformada a principios de este año–, han recibido casos y a la fecha ya tienen más de 20 mil, la mayoría heredados por Pro Víctima, y nuestra función inicial es generar las políticas públicas para que instituciones federales, estatales y municipales actúen garantizando sus derechos.

Otra de las tareas que tienen enfrente, resaltó, es conformar la Oficina de la Asesoría Jurídica Federal, que garantizará un servicio brindado directamente por la comisión, para que todas las víctimas tengan un representante legal que las acompañe no sólo en todas las etapas de juicio sino en actos administrativos, por ejemplo en créditos que tengan pendientes.

Igualmente, se debe crear el Registro Nacional de Víctimas, que debe ser no sólo un listado de números y nombres sino un listado de historias, que nos permita saber quién era la víctima, por qué está en esa condición y que acceso a servicios del estado tiene.

También tienen que configurar el Fondo de Asistencia y Reparación Integral, que cuenta con presupuesto fijo de cerca de 500 millones de pesos “y que debe crecer en mucho con las incautaciones, los decomisos, pero también con las multas que cobren los tribunales. Esperamos tener un fondo robusto, bien apertrechado de dinero para la reparación integral del daño a las víctimas.

Al hablar a título personal, ya que la vocera de la comisión es la actual presidenta del organismo, Olga Noriega, expresó confianza en que pronto puedan operar ya a plenitud. Estaremos también seguramente en el mecanismo que tenga que ver con antisecuestros y en Michoacán, donde estamos muy atentos para garantizar que ninguna víctima se quede sin atención.