on el telón de fondo de la captura de uno de los principales integrantes de los Caballeros templarios, Dionisio Loya Plancarte, anunciada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el comisionado para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, informó ayer en Tepalcatepec que el gobierno federal y los grupos de autodefensa de Tierra Caliente firmaron un acuerdo para legalizar a los civiles armados e incorporarlos al cuerpo de defensas rurales del Ejército o bien, previo examen de confianza y aprobación por los cabildos, a las policías municipales. Asimismo, se acordó que la Secretaría de la Defensa Nacional registrará las armas actualmente en poder de las autodefensas y dará a sus miembros materiales de comunicación, traslado y operación. El convenio establece que los grupos irregulares detendrán su expansión y, se entiende, su avance hacia Apatzingán, la ciudad más importante de la región.

Aunque para los civiles en armas el acuerdo anunciado puede resultar conveniente, no lo es para la salud institucional del país, en la medida que sienta un precedente peligroso para la legalidad, constituye una confirmación de la incapacidad del Estado para hacerse cargo de la seguridad pública y alienta la proliferación de organizaciones armadas irregulares en otras regiones del estado y en otras entidades del territorio nacional.

Obviamente, no cabe atribuir responsabilidad por la configuración de este escenario indeseable a los ciudadanos de Tepalcatepec, La Ruana, Buenavista-Tomatlán y otras localidades, quienes reaccionaron en la única forma posible luego de años de sufrir el abandono de las fuerzas públicas, cuando no la connivencia entre éstas y los cárteles que, además de manejar el trasiego regional de estupefacientes, secuestraron la actividad económica de Tierra Caliente y redujeron a sus habitantes a la condición de rehenes. Los responsables de tal catástrofe han sido las autoridades federales, estatales y municipales que desde el sexenio antepasado y en el primer año del presente han sido omisas –en ese y en tantos otros puntos el país– en garantizar la vida, la integridad física, el patrimonio y el libre tránsito de la población y permitieron la infiltración de la delincuencia organizada en las corporaciones de seguridad pública de los tres niveles.

Es posible que poner remedio a las consecuencias de esta actitud omisa sustituyéndola por una simple y llana abdicación de las obligaciones gubernamentales en materia de seguridad, solución extremadamente pragmática y coyuntural, contribuya a calmar a corto plazo la convulsionada situación michoacana; pero coloca a la ciudadanía del país en general en la perspectiva de organizarse en grupos armados como única forma de enfrentar a la delincuencia y, en última instancia, de obtener cierta atención de las autoridades.

En tal perspectiva, las fuerzas públicas oficiales, policiales y militares quedan relegadas a una suerte de grupo de apoyo a los grupos de civiles en armas, que es como de hecho han operado a partir de la intervención federal iniciada este año en Tierra Caliente.

Otro punto inaceptable del proceder gubernamental es el doble rasero que se ha aplicado a los grupos de autodefensas con los que ayer se alcanzó el acuerdo referido, por una parte, y las autodefensas comunitarias de Guerrero, por la otra, cuyos integrantes han sido perseguidos y encarcelados.

Finalmente, el pacto dado a conocer ayer por el comisionado Castillo alienta la proliferación de armas en manos de la población y las acciones de justicia por propia mano, y contribuye a socavar el principio del monopolio de la fuerza legítima, constitutivo de cualquier Estado.