Palenque, Chis. 27 de enero.

El descontento recorre las comunidades del norte de la selva Lacandona por la aplicación de programas gubernamentales que limitan el uso de sus tierras, en particular el Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Registro (Fanar), el cual permitiría la privatización de los predios y es promovido por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Procuraduría Agraria.

Incluso los grandes conglomerados progobiernistas de la denominada comunidad lacandona (Nueva Palestina, tzeltal, y Frontera Corozal, chol) han manifestado su inconformidad. A ellos en particular los afectó el programa Redd Plus, que ya no funciona, pero sirvió para hacerlos firmar durante el gobierno pasado una serie de compromisos que de hecho les impiden hacer uso de sus tierras, un preámbulo al despojo.

Dichas comunidades, en particular Nueva Palestina, tienen una larga historia de violencias y abusos contra decenas de poblados de distintas organizaciones, dentro de la reserva de Montes Azules y en la zona de amortiguamiento, siendo la más grave, pero no la única, la masacre en Viejo Velasco Suárez en 2006, aún impune aunque dos pobladores del ejido Nuevo Tila están acusados de los hechos y existen órdenes de aprehensión en su contra, no obstante que eran compañeros de las víctimas. Según las organizaciones independientes de la zona, los verdaderos responsables son pobladores de Nueva Palestina y miembros del pueblo lacandón de Lacanjá Chansayab.

Chantajes de paramilitares al Estado

Un indígena, testigo de la masacre que por razones de seguridad no da su nombre, describe así la situación: ¿Quiénes son esos que ahora piden justicia y respeto a su territorio? Son los indígenas privilegiados por el sistema corrupto del PRI y el PRD, simplemente llamados paramilitares por las comunidades. Han sido utilizados por el estado para reprimir, matar, secuestrar, desaparecer y quemar vivos a los que tienen posturas políticas distintas, pero a fin de cuentas todos son indígenas.

Y abunda: “Cada vez que quieren más poder y recursos chantajean al estado. Lo hicieron con Juan Sabines Guerrero, y les dio dinero a manos llenas dizque para cuidar la selva Lacandona. Los lacandones entregaron sus tierras mediante el programa Redd Plus por ‘servicios ambientales’, a cambio de 2 mil pesos mensuales. Los viejos comuneros firmaron el convenio sin el consentimiento de sus hijos, y éstos ahora exigen que también les den dinero.

“No sabemos qué quieren, supuestamente justicia, dudamos de que realmente sea eso, más bien es una estrategia para conseguir más lana. ¿Cuántos millones no derrochó Pablo Salazar Mendiguchía para comprar las tierras de los lacandones? ¿Cuántos millones no saqueó Sabines al estado para dárselos a los lacandones por ‘servicios ambientales’? Al gobierno le sirven los lacandones, los utiliza para justificar los megaproyectos en la zona”, sostiene.

En un recorrido de La Jornada por la selva norte encontró que esta situación afecta a casi todas las comunidades. Lo novedoso es que también los incondicionales del gobierno se han descubierto entrampados. Los de Nueva Palestina y los lacandones son identificados por las comunidades choles, tzeltales y zoques como paramilitares de los gobiernos, desde tiempos del presidente Luis Echeverría y el gobernador Manuel Velasco Suárez, manifiesta el indígena, miembro de la Unión de Comunidades de la Selva de Chiapas (Ucisech).

Los lacandones y sus aliados siempre han obtenido beneficios e inmunidad y suelen ser presentados como pacíficos, conservacionistas, hospitalarios con el turismo, que no son revoltosos, a diferencia de los pueblos que habitan la zona de amortiguamiento y son considerados por el gobierno como invasores y rebeldes por defender su territorio.