Los problemas del campo no se resolverán con un reparto individualizado de las migajas de los programas gubernamentales ni con legislaciones que favorecen a las grandes corporaciones, lo que urge es impulsar un programa agroalimentario para terminar con la creciente importación de granos, combatir la especulación y el alza de los precios de los productos de la canasta básica, expusieron los diputados Gisela Mota y Víctor Nájera, al anunciar la realización del Encuentro nacional por la soberanía alimentaria y la defensa del campo.

A dicho encuentro, que se llevará a cabo este fin de semana en la ciudad de México, acudirán 500 delegados de diversos estados, expusieron ambos legisladores del PRD. Gisela Mota, presidenta de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, comentó que en dicha reunión se propondrá a los participantes fortalecer la unidad para exigir al gobierno que la reforma para el campo anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto no sea un engaño más para los productores.

A la fecha, agregó, al Palacio Legislativo de San Lázaro no ha llegado ninguna propuesta de modificaciones legislativas que involucre al sector rural.

Víctor Nájera, secretario de la Comisión de Educación, expuso que en breve se reunirán los legisladores del PRD para elaborar una contrapropuesta a la política pública del gobierno; urge cambiar el modelo de producción agropecuaria, pues desde la administración de Miguel de la Madrid se empezó a cavar la tumba de los pequeños productores.

Refirió que desde el año 2000 y hasta 2012, el PIB agropecuario creció sólo 1.8 por ciento; los subsidios del gobierno al maíz –principal grano en la alimentación de la población– pasaron de 43 a 7 por ciento, por ejemplo. En tanto, los precios a los productores de los principales granos están en picada, mientras los monopolios extranjeros y nacionales han incrementado los precios del maíz en 43 por ciento, del trigo suave en 50 y la avena en 46 por ciento.

Es una política que coloca al país en una zona de servidumbre ante las corporaciones trasnacionales que controlan nuestra alimentación. A dicha situación, se suma la presión para imponer el cultivo de maíz transgénico; es uno de los ataques más devastadores contra 3 millones de indígenas y campesinos que en promedio tienen menos de cinco hectáreas y producen 18 millones de toneladas del grano. Se pretende eliminar su derecho inalienable a conservar, reusar e intercambiar sus semillas.

La pretensión de PRI, PAN, Partido Verde Ecologista y de algunos ingenuos que creen en la reforma de gran calado o que son traidores de la izquierda, es entregar el futuro de nuestras generaciones al yugo de las trasnacionales agrícolas y en unión con los monopolios nacionales concentrar la tierra y liquidar la soberanía alimentaria.