nte el surgimiento de la guardia comunitaria y los cuerpos llamados autodefensas, el juicio que se emite es en principio negativo. Estamos acostumbrados a que soldados y policías actúen –bien o mal– bajo el mando de aquellos a quienes se ve como los únicos autorizados a disponer de su fuerza. En México, tras múltiples golpes de toda índole, de los cuales eso que llaman Estado ha sido el principal responsable, la mirada sobre su fuerza legítima ha descubierto que nada tiene de legítimo y que su alma es la arbitrariedad selectiva: a quienes ha afectado, ante todo, es a los que tienen menor poder económico y político.

La red me trajo uno de estos días un texto renviado por un abogado al que él mismo le puso un título que no podía llamar menos la atención: ¡Es urgente que en Nuevo León empecemos a formar autodefensas! El llamado partía de un artículo escrito por Cristina Sada Salinas al que tituló Michoacán, la inocencia ante ráfagas de plomo. Heredera de una parte de Salinas y Rocha –lo que fue la primera gran cadena de tiendas departamentales–, hija del personaje extraordinario que fue Irma Salinas Rocha, ex dueña, junto con su hermana Mónica, de una reconocida institución educativa (el Instituto San Roberto), ex candidata a diputada federal por el Partido del Trabajo en las pasadas elecciones, autora del libro Perfume y pólvora, vida y memorias de una campaña sin fin, y opinante del nuevo periodismo personalizado a través de la red, suele decir verdades abrasivas, como se puede leer en ese artículo.

Cristina Sada es la ciudadana a la que subleva lo que pasa en su país. Tras la agresión artillada que ordenara el general Miguel Ángel Patiño a los vecinos que defienden su vida con las armas (a ese extremo de inseguridad hemos llegado), señala: “No sólo el general Patiño, sino también Enrique Peña Nieto, tienen hoy las manos manchadas de sangre, pues el Ejército, entrenado en las armas para defender al pueblo de México de sus enemigos, acaba de voltear una vez más esas armas contra el pueblo que es su amo…”

Desde su óptica:

1. El gobierno resulta ser muy eficaz en contra de los más débiles y se muestra impotente ante los individuos de mayor poder económico y político –entre ellos los miembros integrados a las bandas criminales–. En el caso “que el Ejército –dice Sada– se aplicara a quitar las armas a las autodefensas, en vez de desplegar su fuerza a favor del ciudadano combatiendo primero a los delincuentes”. Cabe agregar: los autodefensas le han dado pelos y señales a los gobiernos federal y estatal de cuándo y dónde están los jefes de los Caballeros templarios. No proceden. Germanderías, defensas civiles, centros estratégicos, convenios de coordinación, renta de expertos colombianos o estadunidenses. Nada ha funcionado ni funcionará mientras haya un superpacto entre los gobiernos y los capos. Dice la ciberperopinante: “Los ciudadanos mexicanos corremos a diario riesgo de nuestra libertad y de nuestra vida, ya que el gobierno, cuya principal razón de ser es proteger nuestra seguridad, se ha convertido en una empresa monopólica que recauda cada día mayor cantidad de impuestos, se endeuda por décadas con bancos cómplices, utiliza las finanzas públicas como su tesoro personal, hace alianzas con los cárteles para tener presupuestos para sus campañas políticas…”

2. Mal se ve que los ciudadanos comunes y corrientes se defiendan mediante las armas. Cristina Sada vive en San Pedro Garza García y ello la lleva a decir: “Sé que a muchos habitantes de este municipio de Nuevo León les parecerá escandaloso que los ciudadanos se organicen para autodefenderse, pero yo les pregunto: ¿acaso no hacemos lo mismo con nuestros recursos cuando contratamos a agencias de seguridad personal para protegernos y proteger a nuestras familias? Se sabe que en México las agencias de seguridad tienen hoy más efectivos que el mismo Ejército (500 mil, según esta nota: http://www.jornada.unam.mx/2010/04/23/politica/010n2pol); entonces yo me pregunto si el autodefenderte debe ser un derecho de clase o un derecho humano, sobre todo cuando no existe autoridad que impida atraco alguno”.

3. Tras el uso de armas para defenderse y defender a sus familias, no sólo en Michoacán, late una insurgencia que el gobierno quiere ocultar, cooptar o comprar para continuar con su misma política: más inseguridad, más policías y soldados. Las trasnacionales dedicadas a la explotación energética, como ya lo hace Gas Natural Fenosa en el istmo de Tehuantepec contra la Asamblea Popular del Pueblo de Juchitán –opuesta a la realización de obras consideradas riesgosas y ajenas a la consulta de los afectados–, requerirán de esas fuerzas para hacer de ellas su autodefensa ante la resistencia ciudadana. Concluye Sada: “El caldo de cultivo del nuevo porfiriato, con sus revistas Forbes, Caras, Quién y Gente, con sus alianzas con las compañías petroleras extranjeras, con policías municipales y estatales coludidos con el crimen organizado, con partidos políticos financiados por ellos, con senadores y diputados cuya nómina y prebendas indignan a un México con bajísimos salarios mínimos, está no sólo en marcha, está listo para servirse en la mesa”.

¿Hasta dónde acierta esta autora bisoña? Por lo menos merece que nos hagamos la pregunta.