Palenque, Chis. 30 de enero.

A siete años de la ignorada matanza de indígenas indefensos y pacíficos en la comunidad de Viejo Velasco Suárez, en la selva Lacandona al norte del municipio de Ocosingo, lo único que hay es desdén gubernamental, y no sólo impunidad de los autores materiales e intelectuales del hecho, sino criminalización de los vecinos del ejido Nuevo Tila que auxiliaron a sus compañeros, las víctimas. Esto, mientras se sabe por numerosos testimonios directos que el crimen fue perpetrado por pobladores tzeltales de la llamada comunidad lacandona procedentes de Nueva Palestina y policías estatales, en presencia de las autoridades lacandonas de Lacanjá Chansayab.

En una lógica kafkiana, la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) culpó a los inocentes que ayudaron. Así, torturaron y tuvieron preso un año a Diego Arcos Meneses, de Nuevo Tila, y actualmente existen órdenes de aprehensión contra más pobladores del mismo ejido. Están tramitando amparo los choles Antonio Álvarez López y Juan Peñate Díaz. Otros dos estarían por hacerlo. En los cuatro casos es evidente su inocencia, y sobre todo que su culpa fue solidarizarse con las víctimas de Viejo Velasco Suárez, pueblo hoy abandonado y destruido en la selva Lacandona.

El 13 de noviembre de 2006, durante el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, alrededor de 40 personas vestidas de civil, provenientes de Nueva Palestina, acompañadas por unos 300 agentes de la entonces Policía Sectorial atacaron con armas de fuego a las familias tzeltales, tzotziles y choles que vivían en Viejo Velasco. El ataque dejó siete muertos de estas familias, dos desaparecidos (muy probablemente fallecidos, así que serían nueve los asesinados), el desplazamiento de 20 hombres, ocho mujeres, cinco niños y tres niñas. Petrona Núñez González, sobreviviente de la masacre, murió en 2010, a consecuencia del estrés postraumático.

Al cumplirse siete años de los hechos, una decena de organizaciones sociales y centros de derechos humanos apuntaron que la violación de garantías continúa, ya que las 36 personas que salieron huyendo el día de la masacre siguen desplazadas de su comunidad de origen en diferentes municipios de Chiapas, en un estado de vulnerabilidad y en continua violación a sus derechos indicados en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas.

Demandando al Estado hacer todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los responsables, reiteraron que Mariano Pérez Guzmán y Juan Antonio Peñate López continúan desparecidos y las investigaciones policiales se han estancado, ante una falta de interés de la PGJE para dar con su paradero. Mientras tanto, las autoridades estatales siguen sin investigar ni detener a los responsables de esta acción de corte paramilitar. Según investigaciones de la propia procuraduría estatal, añadían Frayba, Desmi, Serapaz, Xi’Nich, Sadec y otros (13/11/13), la responsabilidad corresponde a integrantes de la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) de Nueva Palestina y a integrantes de la Policía Sectorial del estado.

Por otro lado, la PGJE continúa el hostigamiento judicial contra pobladores de Nuevo Tila, comunidad vecina a Viejo Velasco. Ellos fueron los primeros en brindar ayuda a los heridos, recibir a las personas desplazadas y apoyar en la búsqueda de los desaparecidos. Esos ejidatarios incluso recibieron el premio de derechos humanos K’anan Lum jTatic Samuel Ruiz García en 2011. No obstante, son los que tienen órdenes de aprehensión. Se persigue a los compañeros de los asesinados, no a quienes es sabido que realizaron la masacre; se conoce su móvil, y el de sus cómplices lacandones. Y los policías sectoriales no actuaron por su cuenta, obedecían órdenes.