n su presentación en la reunión plenaria de los senadores del Partido Acción Nacional, realizada ayer en Morelia, Michoacán, el gobernador del Bando de México (BdeM), Agustín Carstens, presentó gráficas que son reveladoras: hay una caída en la recaudación, en la inversión pública, en la vivienda en la desaceleración del gasto, hay una constante en las decisiones que está tomando el gobierno, que no son acordes con la realidad que vive el país, según informó el legislador blanquiazul Roberto Gil. A renglón seguido, el senador panista afirmó que Carstens presentó datos que demuestran que el país tiene buenas condiciones macroeconómicas pero que las decisiones que está tomando el gobierno de la República en materia fiscal son absolutamente equivocadas, erráticas y contraproducentes al grado de provocar una contracción en la economía.

Aunque la declaración referida se produce en el contexto de la campaña emprendida por el PAN en contra de la reforma hacendaria, y debe tomarse como parte de una confrontación de tipo político partidista, hay datos duros que refuerzan la perspectiva de un estancamiento e incluso de un retroceso en materia económica. Uno de ellos es la caída en el precio de la mezcla de petróleo mexicano de exportación, cuya cotización se redujo 17 dólares en el año reciente y la tendencia a la baja se ha mantenido, lo que augura una disminución en esa fuente de ingresos que durante el año pasado representó un tercio de las entradas del sector público. Es cierto, por lo demás, que la economía nacional ya comienza a resentir los efectos nocivos de una reforma fiscal de corte recesivo, como queda de manifiesto con la carestía observada en las primeras semanas de este año.

Lo que no fue mencionado en los señalamientos críticos de los panistas, ni tampoco, cabe inferir, en la presentación del gobernador del BdeM, es que esos indicios de una coyuntura adversa tienen, como punto de arranque, la incapacidad de la política económica vigente para impulsar el crecimiento y el desarrollo que el país necesita. En efecto, desde hace tres décadas la economía nacional ha deambulado entre las tasas de crecimiento insignificantes y las cíclicas crisis económicas, y se ha nulificado, en consecuencia, la capacidad de crear empleos, de generar recursos fiscales sin abrumar a los causantes cautivos y a la industria petrolera y, por supuesto, de atender los históricos rezagos sociales que afectan a la población.

El lapso referido coincide en forma precisa con el ciclo de gobiernos neoliberales que han privatizado la casi totalidad de la propiedad pública, han demolido o erosionado instituciones de bienestar y redistribución, eliminaron o redujeron derechos y conquistas laborales, suprimieron regulaciones para dejar la economía librada al mercado –aunque importantes sectores económicos se encuentren bajo la gestión de monopolios o duopolios–. Han abierto indiscriminadamente el mercado nacional, han delegado funciones gubernamentales en contratistas y han entregado a empresas extranjeras –mediante la alteración del espíritu constitucional– concesiones y licencias para la explotación, en condiciones de saqueo, de los recursos naturales.

El más reciente tramo de este proyecto es, precisamente, el paquete de reformas impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya difusión en el exterior fue ordenada ayer por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, como una forma de vender la marca país ante inversionistas extranjeros.

Este último llamado es preocupante, porque da cuenta de que el actual gobierno ha dado continuidad a la tendencia de las administraciones federales panistas de reducir las dificultades económicas del país a meros problemas de percepción y porque permite anticipar que la conducción difícilmente promoverá verdaderos cambios estructurales a la economía –que implicarían, desde luego, abandonar el neoliberalismo– y que se limitará a administrar un modelo económico caduco, fallido y generador de enormes cuotas de desigualdad y conflictividad social.