omienza el año y con él llegan los vientos. Son vientos frescos nacidos de unos pueblos que se mueven porque no quieren dejar de serlo. Vienen de muchas partes del país, desde los desiertos y sierras del norte, hasta los valles y las selvas del sureste mexicano. Son vientos que provocan los pueblos organizados que han decidido luchar para enfrentar la imposición de políticas gubernamentales que si no se detienen van a acabar con ellos. Son vientos fuertes porque, a diferencia de años pasados, donde cada pueblo luchaba por su propia demanda, ahora van juntando su caminar, que al final tiene el mismo objetivo. Sus demandas son las mismas de hace décadas, lo que si es novedosa es la manera en que se están organizando. Como que van encontrando su camino.

Ejemplos hay muchos. Los pueblos indígenas y mestizos de la sierra norte de Puebla, que hasta el año pasado luchaban cada quien por su lado, han constituido el Frente en Defensa de la Tierra, para detener los proyectos de muerte, como nombran a los proyectos mineros a cielo abierto, las presas hidroeléctricas y las ciudades rurales que el gobierno y la iniciativa privada pretenden llevar a cabo. Pero no son los únicos que se oponen a este tipo de proyectos. En la comunidad de Zacualpan, municipio de Comala, en el estado de Colima, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio ha convocado a un conjunto de organizaciones y pueblos del país a una reunión a realizarse los días 15 y 16 de febrero para buscar la forma de enfrentar la problemática que la industria genera.

Con la defensa del agua sucede lo mismo. El 29 de enero pasado, los miembros del Comité Salvemos Temacapulín iniciaron una campaña para recordar al gobernador de Jalisco que ese día se cumplió un año de que prometiera que la comunidad no se iba a inundar por la construcción de la presa El Zapotillo, sin que a la fecha exista alguna garantía de que cumplirá su palabra. “¡ Gober, es tiempo de cumplir!”, le reclamaban, al tiempo que llamaban a la solidaridad con su lucha. Otro tanto sucede con los opositores a la presa La Parota, en el estado de Guerrero, donde los afectados han decidido constituir su policía comunitaria para procurarse seguridad, en El Paso de la Reina, Oaxaca, y El Naranjal, Veracruz, donde sufren el mismo problema. Sin olvidar la lucha del pueblo yaqui, en defensa del agua que les dotara el presidente Lázaro Cárdenas.

Donde también resisten es en el istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, donde los gobiernos han otorgado todas las facilidades para que la empresa eólica Fuerza y Energía Bií Hioxo, filial de Gas Natural Fenosa (GNF) siga con sus planes para instalarse en la región, a pesar de la oposición de sus habitantes. Apenas el 29 de enero pasado fue incendiado el campamento que la Asamblea Popular del Pueblo de Juchitán (APPJ) había instalado en el entronque con la carretera a Playa Vicente para evitar que personal de la empresa inicie los trabajos. No se sabe exactamente de dónde provino el ataque, pero todas las sospechas recaen en la empresa y las autoridades que los apoyan para que lleven a cabo sus propósitos.

El despojo no sólo es en el campo, sucede también en las ciudades. O en las zonas rurales aledañas a ellas. Es el caso del pueblo de Santa Cruz Xochitepec, delegación Milpa Alta, en el Distrito Federal, donde la empresa Tepepan Country Club construye 86 residencias de 500 metros cuadrados y un club hípico en una superficie de 90 mil metros cuadrados. Pero también por estos lugares resisten. Los días 31 de enero y 1° de febrero, en la comunidad de Milpa Alta, se reúnen comunidades, pueblos y barrios del Distrito Federal, convocados a nombre del Congreso Nacional Indígena (CNI), para discutir formas de defensa de su territorio, problemas ambientales, organización para la defensa de los recursos naturales y fortalecimiento de la identidad cultural. Como puede verse, el centro de las luchas es la defensa del territorio y el fortalecimiento de los pueblos.

Si algo nos enseñan estas luchas es que debemos tomar conciencia de que cada una de ellas, por pequeña o grande que sea, representa la voluntad de los mexicanos de no dejarnos arrebatar nuestro futuro, de recuperar los bienes comunes que gobiernos afines al capital han privatizado, sin tener derecho alguno para hacerlo, porque los mandatarios son representantes del pueblo, no propietarios de su patrimonio. Hay que recuperar la idea de un gobierno popular y un estado de derecho democrático y multicultural, en el sentido profundo del término, porque hasta eso nos han arrebatado. Una forma de apoyar las luchas que hoy impulsan los pueblos puede ser abrir espacios para el imaginar el país que queremos. El Congreso Popular al que han invitado varios ciudadanos honestos y respetables de México puede ser uno de ellos.