on décadas de atraso, nos acercamos finalmente al hecho histórico de que el Distrito Federal o ciudad de México cuente con una constitución propia para la organización de sus poderes y garantía de los derechos de sus ciudadanos y deje de estar como hasta ahora, bajo una ley de rango inferior; para ello, el ofrecimiento de la campaña del jefe de Gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera, avanza a su cumplimiento, no sin dificultades y complicaciones derivadas del abstruso sistema de hacer política que se ha venido imponiendo en las décadas del liberalismo inhumano.
Sin embargo, estamos ante una paradoja. La ciudad de México alcanzará el rango de entidad de pleno derecho y con autonomía política, como un miembro más del pacto federal, precisamente cuando el gobierno que encabeza Peña Nieto atenta ostensiblemente en contra del federalismo, imponiendo medidas centralistas contrarias a nuestro sistema adoptado desde el Acta Constitutiva de la Federación de 1824. El caso del envío de una especie de virrey o procónsul a Michoacán es el más conocido y emblemático, pero no el único.
Ciertamente, está pendiente un proceso que podrá llevarse un par de años, pero la decisión política de Mancera es clara e impulsa lo que a él le corresponde para conseguir que la capital tenga su propia Carta Magna; la primera parte del proceso avanza en el Senado, que estudia la reforma de varios artículos constitucionales para sustituir el sistema ambiguo hoy imperante; en estas modificaciones se tendrán que incluir no sólo el cambio de denominación del Distrito Federal, sino especialmente la forma, integración y facultades de un congreso constituyente.
Es una oportunidad no sólo para la nueva entidad federal, sino para todo el país. Será posible experimentar una práctica democrática novedosa, participativa, que vaya más allá de la partidocracia y supere la democracia representativa que prevalece, para transitar hacia formas de democracia directa que superen la desconfianza que se tiene en los partidos y que la tecnología moderna hace ya posibles.
De la iniciativa popular, la revocación del mandato, la acción política colectiva, el referéndum y el plebiscito, hace mucho que se habla. Una nueva constitución para el DF es ocasión propicia para dar cabida a estas formas de democracia participativa. Más actividad directa del pueblo significará menos espacio para los políticos tradicionales que buscan frecuentemente protagonismo de relumbrón o ventajas mezquinas en cargos y manejo de presupuestos; una constitución para nuestra ciudad, sin participación ciudadana predominante no será realmente un avance democrático.
Pero estamos lamentablemente ante signos contrarios. Por una parte se impone el centralismo en nuestro sistema político y por otra se pretende ampliar el sistema federal, incorporando a él la última entidad sin derechos plenos; llegamos al federalismo en la ciudad, cuando el sistema está en crisis en el país, y no es la primera vez que esto pasa en nuestra historia.
Cuando Hernán Cortés estaba recién desembarcado en las costas mexicanas, como maniobra audaz para desligarse de la autoridad de Diego Velázquez –gobernador de Cuba–, fundó la Villa Rica de la Vera Cruz en las dunas de la costa, echó mano de una institución democrática y de larga tradición en el mundo Mediterráneo, pero que en ese momento estaba en pleno descrédito en la metrópoli.
El mismo año en que el oportunista conquistador de México fundó en nuestro territorio una villa gobernada por los vecinos organizados en ayuntamiento, en España el emperador Carlos V derrotaba en la batalla de Villalar a los comuneros españoles que defendían los fueros de antigua tradición que daban autonomía a sus pueblos y ciudades. Son paradojas de la historia que se repiten; hoy, cuando estamos a un paso de incorporar a la ciudad de México con plenitud de derechos al sistema federal, este, es agredido por el poder central.
