Con la transformación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en organismo autónomo se corre el riesgo de que personas sin capacidad técnica en la medición de la pobreza se conviertan en consejeros y este organismo se burocratice.

Aún sin la ley que debe dar forma al nuevo Coneval, la Secretaría de Desarrollo Social (en la que estaba sectorizado ese organismo) pidió que se aplazara por siete meses la permanencia de los actuales consejeros académicos.

Investigadores consideran que el cambio fundamental en el organismo es que los consejeros dejarán de ejercer trabajo académico, se prohíbe a extranjeros participar y se quita la obligación de que sean miembros del Sistema Nacional de Investigadores.

Los actuales consejeros académicos trabajan en instituciones reconocidas y además participan en el Coneval, pero ahora se abre la puerta a que estén preocupados por una carrera política, que tengan como principal fuente de ingreso y de prestigio su desempeño como funcionarios y que, por tanto, empiecen a pensar como tales; que sepan que son sujetos de juicio político, que su carrera futura estará condicionada a la voluntad de los partidos representados en el Congreso, indica un análisis de Guillermo Cejudo, investigador de la división de administración pública del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), publicado en la Red por la Rendición de Cuentas.

Resulta confuso saber si entre los requisitos para ser consejero se mantienen los criterios que establecía la Ley General de Desarrollo Social, la cual ni siquiera se mencionó en los transitorios de la reforma política, o si serán diferentes condiciones, sostiene Julio Boltvinik del Colegio de México.

Ahora, quienes trabajan en la academia si quieren ser consejeros deben renunciar a ella; esto significa que se convierten de profesores en políticos de carrera, pierden vínculo con la academia. El Coneval deja de ser académico, esto es muy grave, señala.

El reto del Coneval autónomo es avanzar en el abatimiento del rezago en la evaluación, que cuente con atribuciones para medir el impacto y recomendar cambios a los programas sociales estatales y municipales, además de señalar la legislación que se requiere para garantizar los derechos laborales de grupos vulnerables, como las empleadas domésticas y los trabajadores de la industria de la construcción (albañiles), indica Genaro Aguilar, investigador del Instituto Politécnico Nacional.

Sobre el papel que ha desempeñado el Coneval, dice que hasta hoy ninguna de sus evaluaciones ha proporcionado insumos para modificar programas públicos existentes.

“A ocho años de su existencia –agrega– no hay una sola evaluación que explique las causas del aumento del número de pobres y tampoco hay evidencia de que el Coneval haya evaluado la política laboral, salarial o el desarrollo regional.

Señala que sobre la evaluación de los programas, el Coneval sólo dice que Oportunidades es el más evaluado del mundo y se habla de las bondades del mismo.

Botvinik indica que el Coneval tenía las virtudes de un proceder transparente, que ahora se puede perder y sin justificación se puede cambiar la medición de la pobreza, aunque precisa que él siempre cuestionó la metodología que elaboró.

Lo han hecho pésimo. En cuanto a evaluación de los programas tengo la impresión de que han contratado muchos estudios y el impacto es cercano a cero. El problema es que las evaluaciones no son vinculatorias.