Monsanto interpuso en contra del magistrado Jaime Manuel Marroquín un incidente de recusación, con el cual lo responsabiliza de falta de ética y de actuar parcialmente en la acción colectiva en contra del cultivo comercial de maíz transgénico interpuesta por un grupo de organizaciones el año pasado, informó el abogado René Sánchez.

En septiembre de 2013, en respuesta a ese recurso, Marroquín ordenó a las secretarías de Agricultura y de Medio Ambiente suspender el otorgamiento de permisos para el cultivo comercial de maíz transgénico. Desde entonces, las dependencias han interpuesto diez amparos e impugnaciones en contra de la decisión y Monsanto otros 38 procedimientos, indicó.

Estas dependencias trabajan en favor de esa empresa, acostumbrada a tener funcionarios a modo, y es paradójico que ahora cuestione la ética de un juez con su larga trayectoria de afrentas: alteró herbicidas con agente naranja –químico usado en la guerra de Vietnam, que afectó a tres millones de personas– y ha sido multada en otros países por publicad engañosa, señaló Víctor Suárez, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras.

Marroquín, titular del segundo tribunal unitario en materia civil y administrativa del primer circuito, es acusado por la empresa de haber emitido su opinión sobre el fondo del asunto antes de dictar sentencia, pero lo único que el magistrado ha hecho es aplicar las leyes, específicamente el principio séptimo sobre las empresas y los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que se hace referencia a prevenir posibles daños al medio ambiente, señaló el padre Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

Dijo que desde el punto de vista ético y de derechos humanos, hay correlación entre la argumentación del juez y el interés colectivo, que está por encima del interés particular de las empresas. Explicó que para Monsanto es poca justificación que el magistrado funde su resolución en el interés social, pues la empresa considera que es más importante su actividad comercial. Los planteamientos de esta empresa en contra del juez tienen implicaciones éticas, políticas, sociales y jurídicas en relación con el cuidado de la salud de las personas, la biodiversidad y el cuidado de la naturaleza, agregó.

Puntualizó que la transnacional Monsanto busca que en México se violente la aplicación de los principios 7, 8 y 9 del pacto social de la ONU sobre la responsabilidad de las empresas, en los cuales se plantea la prevención para evitar posibles daños al medio ambiente, la responsabilidad ambiental y alentar el desarrollo y difusión de tecnologías.

Por su parte, Víctor Suárez explicó que esta compañía ha mentido con la promesa de más rendimientos y menos químicos en el cultivo de maíz transgénico, ya que en febrero el Departamento de Agricultura de Estados Unidos señaló que después de 15 años de cultivar en ese país los rendimientos no se han elevado, pero sí creció en 33 por ciento el uso de herbicidas.