Caracas, 1º de abril.

La ex diputada de la oposición venezolana María Corina Machado intentó retornar este martes a la Asamblea Nacional en desafío a su destitución por asistir a una sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en representación de Panamá y tras ser acusada de instigar las violentas protestas antigubernamentales de los últimos meses, pero la fuerza pública impidió su ingreso en medio de una trifulca con sus seguidores.

Machado intentó primero marchar a la sede de la Asamblea, en el centro de Caracas, junto a un centenar de simpatizantes, pero fueron repelidos por policías antimotines que les lanzaron gas lacrimógeno. Minutos después, con algunos aliados logró llegar hasta las afueras de la sede legislativa en una caravana de motcicletas, pero sus esfuerzos de avanzar fueron infructuosos ante una barrera policial.

Los poderes públicos están confabulados, dijo acompañada de otros diputados opositores. Hoy no sólo se ha destruido la democracia en Venezuela. Con esta acción se desmantela la República, agregó la política de derecha radical, y sostuvo que su destitución votada por la bancada oficialista mayoritaria en el Parlamento es un crimen sin precedente a la soberanía del pueblo.

No va a entrar. No es diputada, había advertido la noche anterior el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, número dos del chavismo y quien hace una semana informó sobre la destitución. De hecho, Cabello ordenó trasladar la sesión de este martes hasta la vecina Plaza Bolívar, custodiada por las fuerzas de seguridad.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó anoche la destitución al argumentar que Machado incurrió en una actividad incompatible con su función legislativa al aceptar la representación de un país alterno. Es decir, tal como sostuvo el Congreso, es culpable de haber acudido el 21 de marzo a una reunión de la OEA y ocupar el asiento de Panamá,sin la autorización de la Asamblea Nacional, como marca la ley.

El gobierno de derecha de Panamá invitó a Machado para que hablara en una sesión del organismo sobre las protestas contra el gobierno de Maduro, lo que finalmente no pudo hacer porque el organismo excluyó su intervención. Caracas ya había roto relaciones con Panamá desde el 5 de marzo por promover una reunión de la OEA sobre la situación venezolana.

Respecto del dictamen del TSJ, Machado declaró que se dio un contundente golpe de Estado a la Constitución y acusó a ese órgano de estar al servicio del oficialismo. Afirmó que la quieren callar y que le tienen miedo a la verdad y terror a este pueblo en la calle, y exigió las renuncias de la fiscal general, Luisa Ortega, y de la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez.

El líder opositor y gobernador de Miranda, Henrique Capriles, calificó de fascistael fallo del TSJ que ratificó la destitución de la política de 46 años. Machado es una de las dirigentes del ala más radical de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), y aliada del encarcelado Leopoldo López en el impulso de La salida, estrategia para forzar la caída del gobierno de Maduro.

La Asamblea Nacional dominada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela pidió abrir una investigación penal sobre el papel de Machado en las protestas que, según cifras oficiales, han dejado 39 muertos desde comienzos de febrero. Además, este día, chavistas denunciaron a la ex diputada ante la Fiscalía General por traición a la patria.

A estos incidentes siguieron otras protestas callejeras en Chacao, municipio caraqueño metropolitano perteneciente a Miranda, controlado por la oposición. Allí grupos violentos levantaron barricadas, se enfrentaron con la policía antimotines y prendieron fuego a la sede del Ministerio de Vivienda . Es la segunda vez que esas oficinas son atacadas.

En tanto, el presidente Maduro destacó ocho líneas de su modelo de gestión gobierno de calle, entre ellas el plan de pacificación y convivencia. En su programa radial En contacto con Maduro, afirmó que los estados de Mérida, Táchira, Carabobo y Anzoátegui han presentado propuestas para lograr la concordia nacional. Otra línea, dijo, es la ofensiva económica para lograr equilibrio en la producción y los precios.

Esto ocurría mientras miles de venezolanos comenzaron a acudir desde este martes a los establecimientos estatales de distribución de alimentos para inscribirse en un registro biométrico que permitirá luchar contra el contrabando de productos básicos, principalmente hacia la vecina Colombia, y asegurar un abasto seguro en Venezuela. La oposición afirma que se pretende imponer un racionamiento, lo que niega el gobierno.

A su vez, la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos envió 52 toneladas de papel a Venezuela para que los periódicos de ese país El Impulso, El Nuevo País y El Nacional puedan seguir publicándose al menos por 15 días. Tales diarios acusan al gobierno de no otorgar las divisas necesarias para la importación de papel.

El Vaticano manifestó prudencia ante una posible mediación entre el gobierno y la oposición en Venezuela, tras casi dos meses de protestas. El vocero vaticano, Federico Lombardi, reconoció que el panorama en el país sudamericano no es claro y que hay que ver bien las expectativas y las bases para desempeñar un papel útil.

Amnistía Internacional pidió a Venezuela investigar imparcialmente las denuncias de violaciones a los derechos humanos durante las protestas opositoras, o se corre el riesgo de una espiral de violencia, y demandó a ambas partes sentarse a negociar.