En Guerrero se cometen de forma cotidiana graves violaciones a los derechos humanos en perjuicio de los sectores más vulnerables, en particular contra activistas de organizaciones sociales, pueblos indígenas y periodistas, quienes son víctimas de asesinato, desaparición forzada, hostigamiento y criminalización, advirtió la Red Solidaria Década contra la Impunidad.

Luego de realizar una visita de observación los días 9 y 10 de febrero de este año en Iguala, Chilpancingo, Ayutla de los Libres y Acapulco –encabezada por el obispo de Saltillo, Raúl Vera–, integrantes de diversos colectivos elaboraron un informe sobre el tema, donde mencionan algunos de los principales agravios que han ocurrido en ese estado en años recientes.

Entre los puntos incluidos en el informe se encuentran el de la huelga de los mineros de Taxco, iniciada hace siete años, cuyas peticiones de seguridad, higiene y salarios dignos han sido ignoradas por la empresa Grupo México; el fraude contra un grupo de migrantes indocumentados en el municipio de Copalillo, y el asesinato de Arturo Hernández Cardona, líder de la organización Unidad Popular.

Falta de justicia

Se dejó constancia del manejo errático y discrecional de las acciones del gobierno luego de las tormentas que afectaron la entidad en septiembre de 2013; la falta de acceso a la justicia para los sobrevivientes de la masacre de El Charco, cometida en junio de 1998, y el encarcelamiento de nueve miembros de la policía comunitaria de la comunidad El Paraíso.

El informe consignó el asesinato de 13 luchadores sociales en Guerrero el año pasado –entre ellos Andrés Rosales, Raymundo Velázquez, Rocío Mesino y Luis Olivares Enríquez– y el desplazamiento forzado de miles de personas debido a la violencia tanto del crimen organizado como del Ejército.

Por todo lo anterior, las organizaciones participantes concluyeron que en Guerrero existe una actitud de desdén gubernamental hacia los derechos humanos, lo cual se refleja en el gran número de agresiones que los activistas y comunicadores sufren de manera cotidiana en medio de total impunidad.

En el documento, los colectivos emitieron una serie de recomendaciones al gobierno local, entre ellas cesar la militarización de la seguridad pública, dejar de criminalizar a los defensores de derechos humanos y a las policías comunitarias, así como sancionar a los responsables de abusos y delitos.

Se espera que el informe sea enviado en las próximas semanas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para documentar la petición formulada en 2012 de que este organismo admita a análisis el caso de la masacre de El Charco.