Ante la peligrosidad que representa el crimen organizado, que tiene la capacidad para desafiar al Estado y a sus representantes, los jueces y órganos jurisdiccionales requieren de esquemas más efectivos de seguridad y protección, coincidieron los participantes de la 17 Cumbre Judicial Iberoamericana, los cuales aprobaron el Protocolo para la Seguridad de los juzgadores como base de su independencia”, el cual propone –entre otras cosas– que cada Poder Judicial establezca un órgano interno especializado encargado de elaborar diagnósticos de seguridad de los juzgadores y de los órganos jurisdiccionales.

Los representantes de las cortes de Justicia del continente, España y Portugal que se reunieron en Santiago de Chile avalaron el documento el cual contempla el intercambio de inteligencia de los Poderes Judiciales con los demás órganos del Estado, para intercambiar información de inteligencia, el uso de vehículos blindados y escoltas para los jueces y su familia, de manera permanente o emergente (que deben ser pagados por el Estado); protección de los datos personales de los juzgadores; el uso de videoconferencias para el desarrollo de diligencias que requieran seguridad adicional, y la reubicación de los jueces como medida cautelar.

Por otra parte, el protocolo, cuya aprobación se oficializará el próximo viernes 4 de abril, cuando se clausuren los trabajos de la cumbre, propone que los órganos judiciales también adopten medidas para responder o sancionar acusaciones infundadas, temerarias o de mala fe contra los juzgadores, ante los órganos disciplinarios correspondientes.

Las denuncias anónimas sólo deben admitirse cuando se acompañen de prueba documental, señala el protocolo el cual plantea que las denuncias contra los jueces se formulen bajo protesta de decir verdad.

También plantea que se eliminen las cargas administrativas innecesarias a los jueces, para que se concentren en la actividad jurisdiccional; la aplicación y fortalecimiento de la carrera judicial, formación continua, nombramiento por concurso, inamovilidad en el cargo, dignificación e irreductibilidad del salario, compensación por riesgo y retiro digno, como medidas para garantizar la independencia y seguridad de los juzgadores.