a declaratoria de quiebra de la Compañía Mexicana de Aviación y sus filiales, emitida ayer por la juez Edith Alarcón, pone fin a un proceso caracterizado por la impunidad empresarial, el ensañamiento oficial contra los trabajadores de la aerolínea más antigua del país y la indolencia de las autoridades frente a las afectaciones a los usuarios de las empresas aéreas y frente a la economía nacional.
Ciertamente, la trama que dio origen a esta quiebra y su estela de afectaciones no se inició en agosto de 2010, cuando las operaciones de la aerolínea fueron interrumpidas abruptamente, sino desde finales del sexenio foxista, cuando Mexicana fue reprivatizada tras ser sometida a un rescate que costó mucho dinero a los contribuyentes. Sin embargo, la mayor cuota de responsabilidad corresponde, sin duda, al gobierno encabezado por Felipe Calderón, que toleró manejos empresariales dudosos que derivaron en la descapitalización de la compañía y, una vez que el corporativo entonces encabezado por Gastón Azcárraga declaró la inviabilidad operativa y financiera de la empresa, declinó intervenir en forma decisiva y se limitó a observar, impávida, la cancelación de vuelos de la aerolínea, el remate de sus activos a un precio irrisorio y la suspensión total de sus operaciones. Posteriormente, con la declaratoria de concurso mercantil, las autoridades calderonistas volvieron a lavarse las manos, dejaron en la desprotección a miles de afectados –trabajadores, pasajeros y acreedores– y se dedicaron a obstaculizar los intentos de diversos grupos de inversionistas para rescatar a la aerolínea, en una maniobra que hasta hoy resulta incomprensible si no es como vía para beneficiar a las competidoras de Mexicana.
Esa cadena de omisiones gubernamentales, que a la postre resultaron tan determinantes para la quiebra como las malas prácticas empresariales, ameritarían el inicio de investigaciones ministeriales para esclarecer posibles responsabilidades de funcionarios de la administración pasada.
El gobierno de Peña Nieto, por su parte, no puede limitarse a afirmar que el patrimonio de la empresa no alcanza para cubrir las indemnizaciones de los trabajadores y a lamentar la quiebra referida. Es importante recordar que a pesar del cambio de administración federal y de la alternancia de partidos en la Presidencia, persiste una continuidad institucional que obliga a las actuales autoridades a hacerse responsables de las omisiones cometidas por sus antecesores y a hacer valer los derechos de los trabajadores. Por lo demás, sería un error que las instancias encargadas de procurar justicia usaran la quiebra de Mexicana como pretexto para no proseguir con las investigaciones contra Gastón Azcárraga y quienes pudieron haber obstaculizado, desde el poder público, el retorno de la compañía al espacio aéreo.
Además de lo legal y lo político, la extinción de Mexicana ha generado duras afectaciones para el país en términos económicos, como 40 por ciento de incremento en los boletos de avión, deterioro en la calidad y la puntualidad de los vuelos y pérdida de proyección internacional del país en materia de aeronáutica civil. Este saldo constituye una muestra más de lo desastrosa que puede resultar la ideología político-económica que preconiza el retiro del Estado de sus responsabilidades en materia de desarrollo e incluso de sus obligaciones en términos de transparencia y procuración de justicia, y para la cual los rescates sólo se justifican cuando son en beneficio de grandes corporativos financieros internacionales.
