l presidente Enrique Peña Nieto dijo ayer que más de 99 millones de personas disponen de servicios de salud en el país, de las cuales 55.6 millones se ofrecen por medio del Sistema de Protección Social en Salud (SPST), conocido como Seguro Popular. La cifra es consistente con las estimaciones de organismos internacionales, según las cuales México se encuentra cerca de lograr la cobertura sanitaria universal, pero no cuadra con los totales de derechohabientes del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS, 69 millones) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste, 12 millones 449 mil), según cifras a junio de 2013 del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
Si se considera que para afiliarse al Seguro Popular es requisito no ser derechohabiente de ninguna de las dos instituciones mencionadas, el número de asegurados en el país sería, según el dato presidencial, de 137 millones de personas, cantidad muy superior a los 99 millones que según el jefe del Ejecutivo se encuentran en el padrón general de salud, e incluso a la población total del país, estimada para 2014 en 114.5 millones.
Más allá de la inconsistencia estadística (acaso explicable por un fenómeno masivo de doble o triple afiliación), cabe recordar que el rápido crecimiento experimentado por el Seguro Popular desde su implantación durante el gobierno foxista no sólo habla del éxito en las campañas de afiliación, sino también del hecho lamentable de que buena parte de la población se encuentra en el sector informal de la economía.
Debe tenerse en cuenta, asimismo, que esa institución no cumple en su integridad con el derecho a la salud, pues en buena parte de los casos opera como un seguro de gastos médicos, y no necesariamente barato: una familia con un ingreso situado en el decil 9 (37 mil pesos trimestrales o más, lo que hace un ingreso por persona de 3 mil pesos, considerando una familia de cuatro integrantes) debe pagar al seguro popular una prima anual de más de siete mil pesos.
A lo anterior debe agregarse que hay una serie de padecimientos excluidos del cuadro de tratamientos que ofrece el Seguro Popular, que los traslados en ambulancia no están cubiertos y que el desabasto de medicamentos oscila entre 10 y 35 por ciento, dependiendo de la entidad.
Por lo demás, en una circunstancia en la que han llegado a la opinión pública varios casos de mujeres que se ven obligadas a parir en la calle, la difusión de cifras oficiales debiera ser más cuidadosa y, ciertamente, menos triunfalista. De otra manera, se corre el riesgo de alimentar el déficit histórico de credibilidad que afecta a las instituciones gubernamentales, un déficit al que tanto contribuyó la administración foxista, inventora del Seguro Popular, y cuya visión del país fue bautizada por el implacable ingenio popular como Foxilandia.
