En el combate a la delincuencia organizada en Michoacán el gobierno federal está obligado a dar resultados objetivos y transparentes, porque de lo contrario sería catastrófico y se afectaría la credibilidad del presidente Enrique Peña Nieto y de su gobierno, afirmó el coordinador de los diputados federales del PRD, Silvano Aureoles.

El arraigo de Jesús Reyna en la Procuraduría General de la República propició reacciones de los coordinadores de PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados.

Manlio Fabio Beltrones, líder de la bancada priísta, consideró que esa acción fue resultado de una firme y auténtica decisión de Peña Nieto de no permitir que exista impunidad en ninguno de los niveles de gobierno, sin importar la militancia partidista.

Agregó que no son los partidos los que delinquen, sino los hombres, y éstos tendrán que sufrir las consecuencias de haber actuado en esa dirección. Pero en un estado de derecho todo ciudadano tiene la oportunidad de poder defenderse.

El panista Luis Alberto Villarreal dijo que en Michoacán la descomposición política es absoluta, al revelarse los vínculos entre quien fungió como gobernador interino y el principal grupo delincuencial. En el PAN creemos que a los delincuentes se les persigue, que con ellos no se pacta. Y parece que en Michoacán la historia es todo lo contrario.

En tanto, en un comunicado, el presidente del PRD, Jesús Zambrano, exigió a la PGR investigar hasta el último cabo suelto los presuntos nexos de funcionarios del gobierno de Michoacán, incluyendo a Fausto Vallejo, con el crimen organizado. Aseguró que Vallejo fue irresponsable al confiar el gobierno a Reyna, a quien ahora se imputan vínculos con Los caballeros templarios.