La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de atracción para conocer un asunto en el que dos asociaciones civiles demandaron a la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Auditoría Superior de la Federación por no haber dado un uso adecuado a recursos públicos destinados al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y del ramo 25 del Presupuesto para el Distrito Federal los años 2009 y 2010. Las organizaciones civiles Aprender Primero y Justicia Justa argumentan que las autoridades actuaron irresponsablemente al permitir que dichos recursos se destinaran al pago de comisionados sindicales y no a mejorar la calidad de la educación. A solicitud del ministro Arturo Zaldívar la sala consideró ayer que el asunto es de trascendencia jurídica, porque permitirá a la Corte determinar en qué casos una colectividad afectada tiene interés legítimo para demandar a las autoridades por no cumplir con sus obligaciones.